El Gobierno rechaza la intervención en Lleida porque Torra ya “tiene instrumentos”

El Gobierno sigue con preocupación la situación en Lleida, pero ha decidido no intervenir ni recuperar el estado de alarma. La decisión de la juez de paralizar el aislamiento que ha querido impulsar el Govern de la Generalitat se debería poder superar, a juicio del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La idea que impera en la Moncloa es que las comunidades autónomas “ya disponen de instrumentos” para decretar los encierros que se consideren, y que el presidente Quim Torra debería “solventar” ese problema con la justicia a través del propio decreto que ya ha anunciado el Gobierno catalán o mediante un recurso.

El Gobierno, a favor de la reclusión

¿Por qué? A pesar de que el mundo jurídico considera que un gobierno autonómico no podría decretar esa reclusión, porque restringe la libertad de movimientos, y eso sólo se puede implementar a través del decreto de estado de alarma, el Gobierno central considera que ha habido otras decisiones judiciales distintas en otros territorios.

Por lo tanto, Sanidad, con el ministro Salvador Illa a la cabeza, apoya que se pueda aislar la zona afectada, en Lleida, y que sus habitantes sólo puedan salir de casa para ir a trabajar, comprar o hacer deporte.

Plan de coordinación

Sin embargo, lo que ha decidido el presidente Torra en la comarca del Segrià supone un problema que debe tener un encaje legal. Y a ello se ha puesto el Ejecutivo central, que presentará en las próximas horas un plan de respuesta, que aspira a coordinarse con todas las comunidades autónomas, ante la proliferación de la transmisión del Covid. Se trata de lo que el presidente Pedro Sánchez denominaba como “cogobernanza”.

Un primer paso de ese plan pasa por los gobiernos autonómicos, y por las propias decisiones que tomen, las que crean necesarias: desde la imposición de mascarillas de forma obligatoria, hasta el cierre de instalaciones o reclusiones. El segundo paso valora que el virus afecte a varias comunidades, con lo que prevé una “actuación coordinada sanitaria”, con medidas que las aprobará el plenario del Consejo Interterritorial de Salud, y que serán de obligado cumplimiento. En un tercer estadio sí se adoptaría el estado de alarma.

Sin embargo, en ese caso se trataría de un extremo que no se desea adoptar, gracias a la prevención y detección rápida de casos, como ya se está haciendo ahora.