La crisis del Covid, una oportunidad para superar el “fracasado” proceso independentista

“Las fuerzas políticas secesionistas no han sido capaces de crear una clara mayoría en todo este tiempo ni de esbozar un modelo propio de república”. Un informe elaborado por 34 profesores y catedráticos de Derecho sobre la situación de las comunidades autónomas, en el que Cataluña ocupa un lugar protagónico, alude a la unidad de todas las instituciones para superar el conflicto y defiende el diálogo como solución. En este sentido, considera que la “amenaza de la debacle económica” del Covid “puede ser una oportunidad”.

El Observatorio de Derecho Público ha compartido su informe sobre las comunidades autónomas correspondiente a 2019, dirigido por los catedráticos de Derecho Constitucional Eliseo Aja (Universitat de Barcelona, UB) y Javier García Roca (Universidad Complutense de Madrid), y coordinado por Natalia Caicedo, catedrática de la misma especialidad en la UB. Aja fue, además, presidente del Consejo de Garantías Estatutarias.

El informe, que esta entidad realiza desde hace 30 años, repasa los principales cambios y reformas del actual sistema autonómico. En esta edición, además, se recogen los principales acontecimientos políticos y económicos del país, sin olvidar el Brexit, así como, los efectos del coronavirus, que ocupan un lugar destacado, a pesar de tratarse de un balance del año 2019. Cataluña, debido al proceso secesionista, también destaca en este amplio trabajo de 497 páginas.

Judicialización

En el apartado de Cataluña, Aja y García abordan la “intensa judicialización del procés” ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “Corremos el riesgo de que este delicado asunto prácticamente monopolice la actividad de la jurisdicción constitucional”, escriben.

Consideran que la aplicación del artículo 155 de la Constitución “tuvo un aire moderado –en el tiempo y los instrumentos– dada la gravedad del supuesto de hecho que originó la intervención del Estado. Pese a la no pequeña gravedad de las medidas que se adoptaron. La larga intervención del Estado fue acatada por sus destinatarios sin excesivos incidentes”.

Afirman que el Tribunal Constitucional, a través de sus sentencias, “ha interpretado con prudencia el artículo 155 CE tras su primera aplicación, admitiendo el carácter excepcional –no ordinario o normalizado– de la intervención coercitiva del Estado. Debe producirse en defecto de otros controles judiciales sobre los actos de las Comunidades Autónomas siempre que sea posible”. En este sentido, aluden a “una serie de límites que el tribunal ha decantado con nitidez. La revisión de la necesidad de las medidas aprobadas debe reconducirse a un juicio de razonabilidad o control externo, aunque no a un juicio de proporcionalidad y de equivalencia de las medidas buscando la menos gravosa para los afectados. Finalmente, la jurisdicción contencioso-administrativa puede colaborar con la constitucional para asegurarse de la regularidad en la aplicación del acuerdo”.

“Ojalá el artículo 155 CE no tenga que volver a aplicarse, porque no vuelvan a incumplirse gravemente las leyes y a desobedecerse las resoluciones del Tribunal Constitucional por una autoridad autonómica. Pero el procedimiento de aprobación del acuerdo de intervención coercitiva, las medidas que pueden adoptarse, y los límites que no pueden superarse son ahora nítidos. No deberíamos alejarnos de la exégesis moderada con que han interpretado este precepto constitucional”, indican.

"Un gran problema del Estado autonómico"

Los directores del informe dedican un capítulo al resultado del proceso secesionista. “De nuevo, este año el conflicto sobre el procés sigue siendo el gran problema del Estado autonómico. No sólo por la gravedad en sí misma de una amenaza de secesión, sino por el peso de Cataluña –población, PIB...– en los problemas generales, sobre todo, cuando participa en su solución. Un ejemplo es la reforma de la financiación autonómica que lleva un lustro de retraso. Su aprobación no parece posible sin contar con Cataluña, pero el enfrentamiento entre los gobiernos de la Generalitat y del Estado ha hecho imposible el diálogo”.

Aluden a la “frustración y desafección” que generó entre muchos catalanes la sentencia del TC sobre el Estatut. “No obstante, las fuerzas políticas secesionistas no han sido capaces de crear una clara mayoría en todo este tiempo ni de esbozar un modelo propio de república y su división es manifiesta respecto del resto de los catalanes y también entre sí, en particular, entre los que defienden vías unilaterales y los que respetan el Estado de Derecho. El pueblo catalán como la mayoría de los que viven en estados democráticos, es plural. Las encuestas más fiables han revelado que la mayoría de la población en Cataluña, incluso en los momentos más críticos, se ha pronunciado a favor de continuar dentro de España, pero no olvidemos que los catalanes partidarios de la unidad centralista son sólo una estrecha mayoría”.

El resultado "pobre" del proceso separatista

En este sentido, los juristas explican que “el crecimiento del separatismo catalán, durante los primeros lustros del siglo XXI y su radicalización, culminaron en 2017 con la aprobación de dos leyes decisivas, las de transitoriedad a la república y de referéndum, y con el intento de realizar un referéndum de autodeterminación el 1 de octubre, que llevó a una efímera declaración de independencia veinte días después, que no vino acompañada de serias medidas para hacerla real. Este ha sido el pobre resultado de todo un proceso jalonado por diversos episodios”.

“Comparando el ambicioso objetivo de partida, la secesión al margen de la Constitución, y este magro resultado final del procés en su conjunto no hay duda de que la vía hacia la declaración unilateral de independencia ha fracasado”. Tras admitir la complejidad de encontrar soluciones, Aja y García valoran “la formación de una mesa de negociación entre representantes de los gobiernos del Estado y de la Generalitat y el reforzamiento de la comisión bilateral, que se ocupa de aspectos más técnicos. Se cumple la primera e ineludible condición para resolver un conflicto político de esta naturaleza, la negociación permanente entre los partidos y la adopción de decisiones consensuadas. También el respeto al Estado de derecho cuyas normas por definición pueden ser modificadas, pero sólo mediante nuevos pactos que sustituyan a los anteriores, en la forma prevista por la Constitución, aunque también ésta se puede reformar”.

Diálogo y unidad

Pero “cuando parecía que se entraba en un ritmo lento de negociación, ha llegado el coronavirus con el ritmo trepidante de la pandemia y sus múltiples efectos, sanitarios, económicos y sociales. Solo un dato, la Conferencia de Presidentes que llevaba años sin reunirse ha tenido cinco reuniones en dos meses. Es la vieja conciencia que impulsó el federalismo cooperativo hace 80 años: los grandes problemas económicos y sociales no pueden ser resueltos por ninguna institución separada, es preciso el acuerdo de todas, desde los poderes locales hasta la Unión Europea, con especial protagonismo de las Comunidades Autónomas y el Estado. La amenaza de la debacle económica puede ser una oportunidad”.