La Consejería de Territorio legalizó en marzo de 2019 las reformas en una masía propiedad de Marie Kapretz, la embajadora de la Generalitat en Alemania, pese a que una resolución de la Dirección General de Urbanismo había ordenado en 2014 su derribo por vulnerar el plan de ordenación urbanística municipal (POUM).
La Secretaría de Hábitat Urbano anuló cinco años más tarde la primera resolución tras un recurso de alzada presentado por Kapretz. En la revisión del caso, Territorio cambió de criterio enmendando la plana a su propia dirección general. Pese a que la secretaría no entró en ningún momento en el fondo del asunto, dio carpetazo al expediente basándose en meros defectos de forma y exoneró a Kapretz de la orden de derribo. Entre la resolución negativa a sus intereses y la decisión favorable, Kapretz había pasado de ser concejal de un pequeño pueblo a ser nombrada delegada del Govern en Berlín.
“Construcciones manifiestamente ilegalizables”
Marie Kapretz es copropietaria junto a su marido de la finca de Cal Curt, ubicada en suelo no urbanizable y de interés natural-paisajístico en Cercs, un municipio de la comarca del Berguedà (Barcelona). La delegada fue concejal en la localidad por ICV y ERC durante dos mandatos.
A raíz de unas reformas ejecutadas en su vivienda --para las cuales no solicitó previamente licencia de obras--, se incoó un proceso administrativo por parte de la Dirección General de Urbanismo que concluyó con una resolución, fechada el 15 de abril de 2014, que conminaba a “restaurar la legalidad urbanística mediante el derribo de dos construcciones [...] manifiestamente ilegalizables”.
Exterior de la finca de 'Cal Curt', propiedad de Marie Kapretz
Las reformas vulneran el POUM
El matrimonio realizó intensas obras de reforma en una antigua masía situada en suelo protegido. En concreto, instaló un porche de madera en el exterior, añadió chimeneas, transformó ventanas y aumentó la altura del pajar, incrementando el volumen total de la masía.
El director general de Urbanismo consideró que tales modificaciones infringían el artículo 135.2 del POUM, que solo admite actuaciones de conservación y mejora “sin alterar el volumen existente y su altura, obligando a mantener el carácter propio de la edificación”. El plan de ordenación también prohíbe en su artículo 135.5 levantar todo tipo de nuevas construcciones en suelo protegido excepto aquellas destinadas a uso ganadero, aunque con restricciones muy precisas.
Cultura también desestimó las obras
En un informe de 2014, la Consejería de Cultura consideró que las reformas dañaban el perfil arquitectónico del edificio. “Se valora de forma negativa [la concesión de licencia de obras] ya que este tipo de transformaciones hacen perder los valores patrimoniales y culturales del bien”, aseguraba el informe emitido por el departamento.
En el momento de la intervención, Cal Curt contaba con una triple salvaguarda urbanística. En primer lugar, formaba parte de un catálogo patrimonial aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona en noviembre de 2006. Además, el Consejo Comarcal del Berguedà ya había calificado en 2005 la construcción como Bien Cultural de Interés Local (BCIL) --esta clasificación le otorga un plus de protección urbanística--. Por último, Cultura también había registrado la masía del siglo XIX en su Inventario de Patrimonio Arquitectónico.
Marie Kapretz, tras ser nombrada por el exconsejero Raül Romeva como nueva delegada de la Generalitat en Berlín
Kapretz, historia de un ascenso meteórico
Marie Kapretz fue designada como delegada del Govern en Alemania en febrero de 2016. Con este nombramiento, la embajadora culminaba un ascenso meteórico que la había llevado desde una humilde concejalía en un pueblo de apenas mil habitantes, hasta ocupar un puesto en lo alto del escalafón autonómico.
Kapretz saltó a la arena política de la mano de ICV, presentándose sin éxito a las elecciones municipales de Cercs en 2007. En la siguiente cita con las urnas, cambió de caballo y se pasó a ERC. Fue en ese momento cuando su carrera empezó a despegar. Tras dos legislaturas en el consistorio, a la munícipe se le ofreció un quinto puesto en la lista republicana a las elecciones europeas de 2014. Dos años más tarde, el entonces consejero Raül Romeva --que hoy cumple una condena de 12 años de cárcel por sedición y malversación-- confió en ella como delegada de la Generalitat en Berlín, un cargo remunerado con 87.456,36 euros anuales.