Ya es oficial. El BOE publica hoy martes 30 de junio los concursos de acreedores presentados por Federació Convergència i Unió y su fundación Catdem (exTrias Fargas). El juzgado mercantil número 9 de Barcelona ha admitido a trámite los expedientes y decreta la suspensión de pagos de las dos entidades. El veterano economista Jordi Safons Vilanova gestionará ambos concursos.
Los dos tinglados no tendrán continuidad y van directamente a la liquidación, que se traducirá en su desaparición del mapa.
Juzgados paralizados
Convergència anunció su quiebra a comienzos del mes de junio, tras acumular una deuda de 4,3 millones de euros. El partido y su fundación instaron preconcurso de acreedores en diciembre, con escasas posibilidades de salir airosos del procedimiento. Al no lograr un convenio anticipado, disponían de hasta cuatro meses para instar formalmente el fallido.
Pero la explosión del coronavirus paralizó los juzgados y se suspendieron todos los plazos procesales. Ahora, una vez retomada la actividad, Convergència y Catdem han presentado sus estados contables al Mercantil número 9.
Acreedores
La formación creada por Jordi Pujol en 1974 escribe así sus últimos capítulos. Los principales acreedores son Caixabank, Sabadell y Popular. Además, en la sentencia del caso Palau, el Tribunal Supremo obliga a Convergència a devolver 6,6 millones que recibió en comisiones ilegales.
Catdem ha sido una máquina de lavar dinero a gran escala procedente de comisiones corruptas. Por medio de dicho antro, Convergència recibía coimas a destajo de las obras públicas, que después utilizaba para lubricar sus actividades políticas.
Tesoreros de Catdem
De hecho, los dos tesoreros de la fundación, Andreu Viloca y Daniel Osàcar, han sido detenidos en varias ocasiones por el caso 3% y sus múltiples derivadas. Osàcar, de 84 años, ingresó en prisión el jueves pasado tras su condena por el caso Palau de la Música.
El Tribunal Supremo confirmó en abril la sentencia relativa a la institución musical, aunque rebajó el correctivo de Osàcar de 4 años y 5 meses de cárcel a 3 años y medio, más multa de 3,7 millones, por delitos de blanqueo de capitales, falsedad continuada en documento mercantil y falsedad contable. Para recortar la pena, el alto tribunal tuvo en cuenta la atenuante de dilación del proceso.