Ada Colau ha dado una vuelta de tuerca a un polémica política de movilidad. Tras enervar a comerciantes y vecinos con cortes de calle que no fueron consensuados con los colectivos afectados, la alcaldesa subleva ahora a sus propios compañeros de partido al dar marcha atrás en esas reducciones del tráfico. Dicho de otra manera, la líder de los comunes ha reculado en ese proyecto de ampliación de aceras, zonas peatonales y carriles bici, algo incomprensible para quienes defienden a ultranza las medidas de sostenibilidad anunciadas para evitar nuevos repuntes de contaminación.
Según ha publicado hoy La Vanguardia, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido poner fin a los cortes de tráfico aplicados sábados y domingos, que se iniciaron tras la declaración del estado de alarma, y volver al cierre de algunas calles solo un día al mes, como se empezó a hacer antes de la pandemia. Al parecer, las medidas sí se mantendrían los fines de semana en el eje Sants-Creu Coberta. Ha sido la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, la encargada de transmitir las novedades, criticadas a nivel interno en la confluencia de los Comuns.
Sanz parece abonada a la polémica, pues este cambio de parecer no ha sido bien acogido por un sector de los comunes que estaba convencido de que ese plan de peatonalizar calles de Barcelona no solo tenía vocación de permanencia, sino que podía ser el primer paso para una nueva forma de entender la movilidad en la ciudad.
De momento, no será así y una artería tan emblemática como Via Laietana, incluida en el proyecto municipal Obrim Carrers, volverá al tráfico rodado durante los fines de semana a excepción de uno al mes. Este eje ha sido escenario de la movilización de comerciantes y vecinos. Los primeros denunciaban los perjuicios económicos de la medida. Los segundos, las incomodidades en el acceso a los domicilios y el aumento de la congestión del tráfico en las calles adyacentes, algo que se ha repetido en los alrrededores de otras vías ganadas para los peatones.
Contra el sector de la automoción
Expulsar los coches del centro neurálgico forma parte de la esencia ideológica de Barcelona En Comú. Y ha sido precisamente Janet Sanz la que más activismo ha hecho contra el coche privado. Sus declaraciones sobre la necesidad de aprovechar la pandemia para evitar la reactivación del automóvil constituyeron el momento álgido de unas políticas de movilidad que pusieron en pie de guerra al sector de la automoción –la postura municipal no ha ayudado nada en la crisis de la deslocalización de Nissan-- y que venían precedidas de contundentes medidas, como las enrevesadas supermanzanas –un proyecto aprobado en marzo de 2015 con fuerte arraigo en Poblenou, pero que apenas se ha extendido a otros puntos de la ciudad—o la prohibición de circular a los coche contaminantes.
Sin embargo, tal como auguraron empresarios y economistas consultados por Crónica Global, la desescalada ha ido acompañada de un descenso del uso del transporte público debido al aumento del paro y el teletrabajo, así como el miedo al contagio.
De ahí que creyeran necesario repensar el uso del coche en Barcelona ante la posibilidad de que muchos ciudadanos, equivocados o no, lo consideren el medio de transporte más seguro. Y pusieron el acento en proyectos relegados por Colau, como el coche compartido o la habilitación de aparcamientos en los accesos a la ciudad (park and ride).