Josep Antoni Duran i Lleida dejó atados y bien atados algunos cargos institucionales ocupados por miembros de Unió Democràtica de Catalunya (UDC). Tal era la capacidad negociadora del exlíder de la formación democristiana. Tan bien colocados dejó Duran a los suyos que, todavía hoy, algunos de esos puestos muy bien remunerados, que no bajan de los 90.000 euros, se han mantenido durante casi diez años y han sobrevivido a cambios de gobierno.
Uno de ellos, el más longevo en esa permanencia es Josep Maria Guinart, consejero desde 2011 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Guinart, que se embolsa anulamente 112.570 euros, fue propuesto por CiU. Militante de UDC, ha permanecido en el cargo durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.
Mandatos caducos a punto de renovar
Sin embargo, los cargos de este órgano regulador están caducos --el mandato de Guinart concluyó en septiembre de 2017-- y mañana está previsto que el Congreso examine a los candidatos del Gobierno a la renovación de las presidencia, la vicepresidencia y de los consejeros.
No es el único caso de supervivientes de Unió cómodamente instalados y cuya procedencia pasa desapercibida. La directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Maria Àngels Barberà, fue designada en 2012. Cobra 91.241 euros al año y fue investigada por el referéndum del 1-O ante la sospecha de que se podrían haber filtrado datos destinados al censo de la consulta.
Uno de los exdirigentes de UDC más conocidos y que todavía disfruta de un cargo importante es Lluís Franco, quien ostenta la presidencia del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) desde 2014. Cobra 106.863 euros al año y accedió a este puesto por designación de Artur Mas.
De la hacienda catalana al CTESC
Franco fue consejero de Trabajo de la Generalitat (1999-2002), presidente del Tribunal Català de Defensa de la Competència (2003-2009) y director de la Agencia Tributaria de Cataluña (2011-abril 2014). Aseguran quienes le conocen que la decisión de Mas de apartarle de la ATC para incorporarle al CTESC hizo “inmensamente feliz” a Franco, pues la oposición política había criticado duramente su nombramiento al frente de la hacienda catalana, a pesar de verse involucrado en casos de corrupción que afectaban a UDC y CDC.
Franco compareció en 2015 en la Comisión de Investigación del caso Pujol celebrada en el Parlament, donde admitió que se reunió con Oriol Pujol sobre la deslocalización de empresas dentro de la trama de las ITV. Negó haber concedido tratos de favor. Respecto a los casos Treball y Pallerols, con sentencias firmes por financiación ilegal de UDC, y que afectaron a sus antecesores en la consejería de Trabajo, Franco aseguró que destituyó a los anteriores equipos, y que su actuación fue transparente y mereció un premio de la UE.