Es el máximo responsable en transparencia. Y también del dinero público que se destina, vía subvención, a organismos internacionales. Pero el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, se niega a informar de esas partidas. En concreto las otorgadas a organismos relacionados con las Naciones Unidas, donde recientemente, el Relator Especial para las Minorías, Fernand de Varennes, presentó un polémico informe sobre los presos independentistas y la “minoría política catalana”.
Convenio entre la Generalitat y las Naciones Unidas en el que Carles Puigdemont firma como representante de la Generalitat y del Reino de España / CG
Los acuerdos entre la Generalitat y entidades vinculadas a la ONU existen. Y alguno de ellos ha sido publicado incluso por Crónica Global. Pero la opacidad al respecto es máxima. De ahí que la diputada de Ciudadanos, Susana Beltran, haya pedido amparo a la Mesa del Parlament ante la reiterada negativa del Govern de Quim Torra de permitirle el acceso a esa información.
El informe de Varennes es fruto de una visita que el relator realizó a España entre el 14 y el 25 de enero de 2019. Durante su estancia se reunió con los ministerios españoles de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior o Educación; la fiscal general del Estado y miembros del Tribunal Supremo. En Cataluña, el relator se entrevistó con el exconsejero de Acción Exterior, Alfred Bosch, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó.
Se negó a reunirse con Ciudadanos, a pesar de ser el principal partido de la oposición. Si mantuvo un encuentro de más de dos horas con representantes de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), quienes entregaron a Varennes numerosa documentación sobre la discriminación de los castellanohablantes en el modelo de inmersión lingüística obligatoria en catalán, que impide a estos alumnos poder estudiar en su lengua materna.
El Relator Especial para las Minorías, Fernand de Varennes, quien alude en un informe a una "minoría política catalana" / ONU
Ninguna de las quejas y denuncias de la AEB fueron incorporadas al informe del relator “a pesar de la rotundidad y gravedad de los datos aportados, como el Informe sobre los proyectos lingüísticos de los centros públicos catalanes o el fracaso escolar de los alumnos castellanohablantes como consecuencia de la inmersión”.
Así lo denunció AEB en una contundente carta dirigida a Michele Bachelet (Alto Comisionado de Derechos Humanos de ONU), al representante de Europa en el Alto Comisionado y al propio relator especial, en la que expresa el malestar por un informe parcial que “asume acríticamente las posiciones de las entidades vinculadas al nacionalismo catalán”, algo que atribuyen a “las conocidas relaciones estables y fluidas que el Sr. Varennes mantiene con asociaciones y representantes del independentismo catalán”.
La diputada de Ciudadanos Susana Beltrán, quien ha pedido el amparo de la UE ante la opacidad del Govern / CG
Asimismo, Varennes afirmaba que "la disidencia política no violenta de las minorías no debería dar lugar a cargos penales” y citaba al relator especial de la ONU sobre libertad de opinión y expresión, quien emitió un comunicado el 6 de abril de 2018 “instando a las autoridades españolas a abstenerse de presentar cargos penales de rebelión contra figuras políticas y manifestantes pertenecientes a la minoría catalana. Indicó que tales cargos por actos que no involucraban violencia o incitación a la violencia podían interferir con los derechos de protesta pública y disensión”.
Ante estos posicionamientos, la diputada Beltrán solicitó el pasado 12 de febrero, vía parlamentaria, “copia de los expedientes de concesión de subvenciones o cualquier atribución patrimonial en virtud de convenios o equivalentes por parte de la Generalitat de Cataluña a órganos, organismos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, entre los años 2013 y 2020”.
"Petición demasiado genérica"
El consejero de Acción Exterior se negó a facilitar esos datos por entender que la petición se expresó “en términos demasiado genéricos o imprecisos”.
El pasado 6 de mayo, la diputada de Cs, presentó un requerimiento ante la Mesa del Parlament en la que discrepaba de esos razonamientos, apelaba a la concreción de su petición y volvió a exigir la información. Tampoco obtuvo respuesta, por lo que en esta ocasión, tras considerar vulnerado su derecho de acceso a la información, reconocida en la Ley 19/2014 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y buen gobierno, ha pedido el amparo a la Mesa del Parlament.
La relación entre Naciones Unidas y la Generalitat siempre ha sido muy estrecha. A finales de 2016, el expresidente Carles Puigdemont firmó un convenio por el que el Govern se comprometía a contribuir económicamente en la defensa de los mismos con una una aportación de 100.000 euros. El documento está firmado en Ginebra por el alto comisionado de las Naciones unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, mientras que, curiosamente, Puigdemont rubrica el acuerdo en representación de “la Generalitat de Cataluña (Reino de España)”.