El Gobierno de Quim Torra ha demostrado el doble rasero sobre los símbolos independentistas: defensa de lazos y banderas en edificios de la Generalitat, que luego son borrados en las campañas de promoción del turismo. A pesar de que numerosas sentencias judiciales insisten en la necesidad de mantener la neutralidad en Generalitat y ayuntamientos, el debate sobre el uso y abuso de los mismos sigue presente. Hasta el punto de que el Defensor del Pueblo alude a ello de forma muy contundente en su informe de 2019.
Lo hace porque el Síndic de Greuges, el ombudsman catalán, se ha negado reiteradamente a denunciar esa politización de las instituciones. De ahí que asociaciones y particulares hayan tenido que apelar a Francisco Fernández Marugán.
En el ámbito político, Ciudadanos acaba de presentar una propuesta de resolución de cumplimiento del principio de neutralidad para el respeto del derecho fundamental a la libertad ideológica de los ciudadanos, para que sea sustanciada ante la Comisión de Asuntos Institucionales. Ni es la primera y parece que no será la última.
Precisamente esta Comisión fue escenario el pasado jueves de los insultos de ERC a Ciudadanos, a los que acusó de practicar “puro fascismo” en pleno debate de una resolución sobre delitos de odio.
El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán / EP
A mediados del mes de mayo el Defensor del Pueblo presentó su informe anual sobre la protección de los derechos fundamentales en España, que constata un incremento significativo en el número de quejas y denuncias presentadas por ciudadanos de Cataluña ante la incesante “instalación de símbolos de contenido ideológico en los edificios públicos”, así como ante “la resistencia de las administraciones públicas a retirar esta simbología”, que se ha hecho extensiva a los colegios.
Parte de una carta del Defensor del Pueblo sobre el adoctrinamiento escolar
“Resulta alarmante que una institución como la del Síndic de Greuges, concebida precisamente para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los excesos de las administraciones públicas, sea vista por cada vez más ciudadanos de Cataluña como una institución figurativa que solo sirve para dar una pátina de legitimidad democrática a los desafueros cometidos por el Govern”, afirma la PR de Cs, firmada por la líder catalana del partido, Lorena Roldán, y el portavoz parlamentario, Ignacio Martín Blanco.
De ahí, añaden, “la importancia de la figura del Defensor del Pueblo, que en la práctica se ha convertido en la única esperanza de muchos ciudadanos de Cataluña que no solo ven sistemáticamente conculcados sus derechos fundamentales, sino que además se enfrentan a la flagrante dejación de funciones del Síndic de Greuges”, Rafael Ribó, que tiene su mandato caducado desde hace más de un año. Ribó ha centrado el foco de sus actuaciones en las 'víctimas' del procés.
Lo que dice la Constitiución
Recuerda Cs que nuestra Constitución “propugna como valores superiores de nuestro ordenamiento democrático la libertad, la igualdad y el pluralismo político, valores a todas luces menoscabados por la exhibición en edificios de titularidad pública de símbolos partidistas en pie de igualdad con los símbolos oficiales que nos representan a todos. Se trata, sin duda, de una práctica antidemocrática que desprecia el pluralismo político y atenta contra la convivència”.
Por ello, la PR de Cs, que será sometida a votación en el Parlament, insta al Govern de la Generalitat “a retirar cualquier bandera no oficial, pancarta o símbolo partidista de los edificios públicos de la Generalitat y, en especial, aquellos que se exhiben en centros educativos, en atención al deber de todos los poderes públicos de evitar toda forma de adoctrinamiento ideológico y político de los menores de edad”.