Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), entidad que agrupa a 114 asociaciones que trabajan con colectivos vulnerables, esperan que el Ingreso Mínimo Vital aprobado hoy por el Consejo de Ministros del Gobierno suponga un primer paso hacia el cambio de paradigma en el sistema de protección y bienestar social que llevan años reclamando. Un cambio "que debe dejar atrás definitivamente el asistencialismo y hacer efectivos los derechos de manera universal y no condicionada para evitar la estigmatización y las trampas de la pobreza". Consideran que garantizar unos ingresos mínimos para cubrir las necesidades básicas a toda la población "es imprescindible para acabar con la pobreza monetaria, pero insuficiente para erradicar la pobreza en todas sus vertientes y manifestaciones".
Riesgo de pobreza según el umbral de cada comunidad / CG
Para combatir las causas de la vulnerabilidad y la exclusión "hay que asegurar la igualdad de oportunidades y la equidad desde todos los puntos de vista mediante cambios estructurales que pasan por revisar a fondo la fiscalidad, redistribuir las riquezas y poner los cuidados y la reproducción de la vida en el centro".
Cambios estructurales
"La crisis social generada por la Covid-19 --añaden en un comunicado-- ha dejado al descubierto de manera cruda las fragilidades de nuestra sociedad y las dramáticas consecuencias de un modelo socioeconómico depredador e insostenible que venimos denunciando desde la crisis de 2008". Hace más de una década que ECAS reivindica "una transformación social profunda y ahora llueve sobre mojado: la pandemia ha provocado una nueva emergencia social que está precarizando aún más las clases trabajadoras y desfavorecidas, los colectivos vulnerables y las mismas entidades que los atendemos para evitar que caigan el más absoluto desamparo".
El Ingreso Mínimo se hará efectivo de manera inmediata este mes de junio para las familias que sufren una situación de pobreza más severa --850,000 hogares, casi dos millones y medio de beneficiarios--, pero a juicio de ECAS "debe representar un punto de inflexión, no un punto de llegada". El tercer sector social reclama un debate global entorno a la renta básica, que en diferentes modalidades se plantea desde diversos ámbitos y posiciones ideológicas, para garantizar una vida digna a toda la población".
Prevención, autonomía y corresponsabilidad
Las entidades constatan "desde la trinchera de la atención directa" que las ayudas parciales y las medidas paliativas perpetúan la precariedad y la pobreza. Hay que apostar por la prevención, la autonomía y la corresponsabilidad permitiendo que las personas puedan hacer elecciones en su vida personal y promocionar socialmente, sin estigmas ni fiscalizaciones por ser pobres".
Ante esta nueva crisis, las entidades sociales reivindican aún con más urgencia un nuevo abordatatge en clave de derechos y de justicia social. Los poderes y las políticas públicas deben recuperar su rol ante los mercados y los poderes económicos, poniendo por delante el bien común y obteniendo los recursos necesarios para garantizar un Estado de Bienestar fuerte y sostenible. Hoy padecemos aún, y los últimos meses muy especialmente, los recortes de hace una década. No puede haber de nuevo, al contrario: los presupuestos de 2020 y los de los próximos años se han de reformular dando a los derechos sociales y los servicios esenciales --salud, educación, protección social-- la prioridad que se merecen .