Las salidas de prisión de Carme Forcadell pasarán por el Tribunal Supremo

El titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 3 de Lleida ha remitido el recurso de apelación de la Fiscalía contra las salidas de Carme Forcadell por el artículo 100.2 al Tribunal Supremo, pese a que éste va dirigido a la Audiencia de Tarragona.

En una providencia, el juez de Lleida --del que dependen la supervisión de las decisiones de la cárcel de Mas d'Enric en la que se encuentra presa la expresidenta del Parlament-- emplaza a la defensa a pronunciarse sobre el recurso de apelación y acuerda elevarlo, en un plazo de dos días, a la sala segunda del Tribunal Supremo.

Sortean el artículo 100.2

El escrito de la Fiscalía se dirige explícitamente a la Audiencia Provincial, de acuerdo con el criterio que el ministerio público ha mantenido en todos los recursos que ha presentado hasta ahora contra la flexibilización del régimen penitenciario de los líderes independentistas en prisión.

De este modo, el juez se desmarca de la juez de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña que, hoy mismo, ha avalado las salidas laborales del exconseller Joaquim Forn en un auto en el que insiste que es un "criterio pacífico hasta la fecha" que los recursos contra el 100.2 deben ser resueltos por la Audiencia Provincial por tratarse de una cuestión que atañe al régimen penitenciario y no a la clasificación.

El 'procés' vuelve al TS

En su auto, el juez de Lleida no argumenta los motivos por los que considera que el Supremo es el competente para resolver la situación penitenciaria de los presos del procés, pero se remite a un precedente en el que la Audiencia de Palma de Mallorca revocó las salidas que la cárcel había otorgado a Iñaki Urdangarin.

El caso procés regresará a las manos del Tribunal Supremo, que deberá pronunciarse, al menos, sobre cuál es la instancia que debe tener la última palabra sobre la flexibilización del régimen penitenciario de los reclusos. 

Las salidas laborales que las cárceles catalanas han concedido a los políticos presos han sido criticadas desde algunos sectores, que consideran que el 100.2 supone casi "un tercer grado encubierto" que evita el control del Tribunal Supremo.

Exigen un tratamiento para Forcadell

En su escrito, el ministerio público insiste en que no debe aplicarse el 100.2 a Forcadell mientras no lleve a cabo un programa específico de tratamiento para el delito de sedición por el que fue condenada, que le enseñe a "respetar la ley y a que solo se puede conseguir aquello que se desea utilizando los mecanismos legalmente establecidos" en las normas del Estado de Derecho.

Según Fiscalía, aunque reconoce el delito que cometió, Forcadell lo "justifica" en la necesidad de permitir que los diputados expresaran su opinión. "No pedimos en absoluto que dicho tratamiento vaya dirigido a corregir unos ideales políticos, sino el modo de obtener los mismos", añade la Fiscalía.