La Generalitat intenta aprovechar una consulta abierta efectuada por la Comisión Europea a diversas instituciones para colar su propaganda contra España en base a un informe de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, cuya actividad se basa exclusivamente en denunciar la existencia de “presos políticos” y de una “cúpula judicial española politizada”.
El Govern, a través de esa Oficina de Derechos Civiles y la Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto, así como del Consejo del Audiovisual de Cataluña o la Oficina de Antifraude de Cataluña (OAC) han hecho contribuciones al informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea (CE) para 2020. Se trata de una consulta abierta instituciones y entidades sobre el sistema judicial, el marco de anticorrupción, el pluralismo mediático y otros elementos institucionales relacionados con el sistema de equilibrio de poderes de los Estados miembros.
"Presos políticos"
Así, la Oficina de Derechos Civiles y Políticos ha recomendado a la Comisión Europea “que se revise la regulación de prisión preventiva en España para evitar que sea utilizada con intenciones punitivas o para impedir el ejercicio de derechos políticos reconocidos”. También ha solicitado que se revise o elimine el tipo penal de sedición en el Código Penal, que se modifique el sistema de elección del poder judicial para garantizar su pluralidad de los miembros, que se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptarla a los estándares internacionales y, finalmente, “que instituciones europeas independientes lleven a cabo una auditoría exhaustiva sobre la imparcialidad y la neutralidad política en el sistema judicial español”.
Los presos independentistas en Lledoners / EFE
El informe de esta Oficina, dirigida por el exdirigente de la CUP Adam Majó y creada a finales de octubre a la medida de la estrategia de confrontación del Govern contra el Gobierno, ocupa 12 páginas en las que se arremete contra la Justicia española, se alude a los casos Sandro Rosell y el encarcelamiento de los líderes independentistas por el referéndum del 1-O. Concluye, en definitiva, que “la cúpula judicial española está politizada y hay una falta d eindependencia estructural”.
Corrupción
La OAC, por su parte, ha proporcionado información sobre buenas prácticas para corregir los déficits en la prevención y el control de la corrupción. También ha trasladado la actividad que lleva a cabo, como decana de los organismos anticorrupción autonómicos. Como más recientes y específicas, las elaboradas para garantizar la transparencia y buena gobernanza de la crisis del coronavirus.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea / EP
Finalmente, el CAC ha puesto en valor sus funciones y ha proporcionado información sobre los informes que elabora periódicamente de pluralismo político, campañas electorales y recomendaciones para procesos electorales.
Las contribuciones obtenidas a raíz de la consulta servirán a la CE para elaborar un informe anual que actuará como herramienta preventiva, de sensibilización conjunta y que buscará profundizar en el diálogo sobre cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho de los Estados miembros. La iniciativa forma parte del objetivo fijado por la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, de establecer un mecanismo europeo de control. El periodo para entregar las contribuciones de la consulta finalizó el 4 de mayo. La Comisión Europea está procesando ahora todas las respuestas y se prevé que el primer informe se publique en septiembre.