La Sindicatura de Cuentas ha emitido un informe sobre la gestión del Patronat de la Muntanya de Montserrat (PMM), ente público dependiente de la Generalitat adscrito al Departamento de la Presidencia, en el que se advierte de la concesión de subvenciones a la Abadía de Montserrat "que incumplen la normativa de contratación pública" y del "fraccionamiento de contratos". El monasterio de Montserrat es uno de los iconos del independentismo, pues su abad, Josep Maria Soler, ha expresado sus complicidades con el procés en varias ocasiones. Tal como publicó Crónica Global, es una de las entidades más agraciadas con las subvenciones del Govern.
Castellers y banderas independentistas ante el Monasterio de Montserrat / CG
El órgano fiscalizador ha analizado el ejercicio 2017 del PMM en un informe, elaborado por el síndico Jordi Pons. En el mismo, se detallan varios ajustes que hacen que el remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2017 y el resultado del ejercicio de ese año "estén sobrevalorados en 87.546 € y 15.575 €, respectivamente". Asimismo, el PMM abonó a su personal algunos complementos salariales "que no se ajustan a la normativa aplicable" y ha registrado gastos por 175.884 euros que, en opinión de la Sindicatura, son subveciones directas otorgadas sin seguir el procedimiento establecido por la normativa vigente".
Subvenciones por un total de dos millones
En este sentido, en el informe se hacen varias observaciones sobre el "otorgamiento, la gestión y la justificación de las subvenciones otorgadas a la Abadía de Montserrat por un total de dos millones de euros de las que se concluye que el procedimiento de otorgamiento no se ajustó a la normativa en materia de subvenciones". Insiste la Sindicatura en que las subvenciones otorgadas "no han quedado correctamente justificadas y que se incumplió la normativa de contratación pública".
El informe incluye varias observaciones relacionadas con los objetos de los contratos, los importes, las fechas, los tipos de contratos o la reiteración de contratos que suponen un incumplimiento de lo establecido en el artículo 86.2 del Texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y, en consecuencia, se considera que hubo un fraccionamiento indebido de los contratos".