La respuesta al coronavirus ha ido acompañado de un fuego cruzado entre independentistas que crece por momentos. La pugna no solo afecta a los socios de Govern, Junts per Catalunya y ERC, sino que también hay dardos entre los neoconvergentes.
El debate sobre si se debe liberar o no a los presos independentistas ha puesto en bandeja al sector duro de JxCAT las embestidas contra la Consejería de Justicia de la Generalitat, que gestionan la republicana Ester Capella. Ha sido Miriam Nogueras, el enlace de Carles Puigdemont en el Congreso, la que ha arremetido púbicamente contra Capella. "¿Cuándo liberamos a nuestro Govern legítimo encarcelado, consejera Ester Capella?", preguntaba en las redes sociales la diputada, después de que el Gobierno francés ordenara excarcelaciones para evitar contagios de Covid-19-.
Por su parte, el preso Jordi Sànchez acusaba a la consejería de tener miedo "por si nos dan el tercer grado como ya han hecho a 2.000 presos". Sin embargo, el mismo presidente Quim Torra precisaba este fin de semana que "los presos políticos, con la aplicación del 100.2 (artículo del reglamento penitenciario) pueden salir de la prisión. Tengo las llaves de las prisiones. Dependen de mi, pero las leyes no". Una reflexión que discrepa con la visceralidad de Nogueras.
Sobre la gestión de la RGC
También del núcleo duro de Puigdemont proceden otras críticas a ERC, en este caso hacia la gestión de la Renta Garantiza de Ciudadanía (RGC) que compete al consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani. Acció per la República, muy activa estos días en su labor de desgaste de ERC, aprovecha la anunciada renta mínima anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez para denunciar que, tanto esta medida como la RGC catalana "no permiten listas de espera".
En un artículo de Acció per la República, Salwa El Gharbi, diputada de JxCAT en el Parlament, escribe que la RGC "fue la medida social más importante del Gobierno del presidente Carles Puigdemont, y de hecho es uno de los primeros temas que me tocó defender al llegar al Parlament. Desde el primer momento tenía claro que hay una necesidad primordial de modificación y reforma global de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, para mejorarla. Debemos ser conscientes de que el dinamismo social hace que las modificaciones nunca sean suficientes, porque surgen nuevos elementos y nuevas necesidades y realidades que no se podían prever y que ahora hay que tener en cuenta".
También hay diferencias de criterio dentro del propio Govern, pues en una entrevista publicada en el diario Ara, la consejera de Empresa, Àngels Chacón, discrepa de Torra y su apuesta por el confinamiento total cuando se plantea la dicotomía entre salud y econimía. Chacón precisa que defender la salud no quiere decir desatender la economía. "Este dilema es erróneo porque preservando la salud también podemos preservar la economía. No creo que sean dos cosas contradictorias", afirma la compañera de partido del president.