Montaje del hospital de campaña de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca / CG

Montaje del hospital de campaña de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca / CG

Política

El TSJC devuelve la denuncia del hospital de campaña de Sant Andreu al juzgado de Martorell

La causa en torno a un posible delito de homicidio imprudente de Quim Torra y de Alba Vergés tiene un defecto de forma

20 abril, 2020 16:56

La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha devuelto, por un defecto de forma, la denuncia de un particular contra el president de la Generalitat, Quim Torra, y la consellera Alba Vergés por rechazar la apertura de un hospital de campaña que la Guardia Civil levantó en Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

Concretamente, ha remitido la causa al juzgado de instrucción número 5 del municipio barcelonés de Martorell para que formule una exposición razonada de los hechos, después de que el pasado miércoles la magistrada solicitara al TSJC que asumiera el caso --por un delito de homicidio imprudente-- dado que la acusación se dirige contra aforados.

Denuncia no razonada

El TSJC considera que el documento que le envió la juez instructora no se ajusta a las exigencias legales porque, en lugar de una exposición razonada --tal como inicialmente informó el propio tribunal--, le trasladó un auto de inhibición "por incompetencia funcional y objetiva" en favor de la sala civil y penal.

Por ello, lo considera un defecto de forma y alega que no razonó la denuncia. Así pues, determina que se devuelvan las actuaciones al juzgado del que provienen dada la ausencia de la "necesaria exposición razonada por la que el juzgado instructor debe poner en conocimiento del superior jerárquico su posible competencia".

Los diputados son aforados

La juez de Martorell solicitó al TSJC que asumiera la denuncia, que interpuso un abogado contra la negativa de la Generalitat de autorizar la apertura del hospital de campaña que la Guardia Civil montó en Sant Andreu de la Barca para pacientes de coronavirus, al considerar que se debía inhibir porque va dirigida contra diputados del Parlament, que tienen condición de aforados.

Lo hizo tras acordar abrir "con carácter urgente" las diligencias que solicitó el particular y a las que se sumó la Fiscalía para esclarecer si el Gobierno catalán ha cometido un delito al no permitir que el equipamiento entre en funcionamiento.