“Un suicidio”. Así calificaron agentes políticos, sociales y empresariales la decisión de la Generalitat de pasar a una fase 2 de confinamiento en la Conca d’Òdena (Barcelona) sin un plan de choque sanitario y económico. Un plan que el Govern, según han explicado a Crónica Global fuentes del territorio, no supo concretar y que, finalmente, no se ha llevado a cabo, pues el Gobierno se ha limitado a prorrogar dos semanas más la situación de confinamiento actual.
“Es muy fácil decir que se pare la industria y que las personas no salgan a la calle para nada, pero en la zona existe la sensación de ser un banco de pruebas sin resultados demostrables”, explican esas fuentes.
El pasado 12 de marzo, los casi 70.000 vecinos de Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui y Vilanova del Camí quedaron confinados debido al importante brote de coronavirus registrado en esta zona. La Generalitat ha sacado pecho de esta medida y la ha puesto como ejemplo de lo que se debe hacer, no solo a nivel catalán, sino también español.
La polémica de las mascarillas
Es el confinamiento total que, según el presidente catalán Quim Torra, salva vidas. Pero dos semanas después, el cierre extremo ha demostrado que los contagios se mantienen, mientras que el alcalde de Igualada, Marc Castells (PDeCAT) se enredaba en una polémica sobre la supuesta incautación de mascarillas dirigidas a su municipio por parte del Ministerio de Sanidad que no supo demostrar.
El propio Castells, cuyas comparecencias al lado de la consejera de Salud, Alba Vergés, destilaban electoralismo y ganas de erosionar al Gobierno, se ha sumado a esas voces municipales hartas de haber ejercido de conejillo de indias. “La gente no puede tener la sensación que nos han cerrado y han tirado la llave”, advertía ayer tras exigir más equipos de protección, refuerzos de personal y de tests rápidos.
Castells, quizá de forma involuntaria, describía gráficamente la sensación existente entre la población. “Es un clamor general”, explican desde Igualada. Precisamente el jueves, el presidente de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Doménech, avisaba de que un confinamiento total exigía un plan de choque económico.
Indignación en el sector sanitario
No es el primer sector que expresa su malestar a la Generalitat. Las insinuaciones, por parte del Govern, de que el brote de Igualada tenía su origen en profesionales sanitarios que habían acudido a una comida indignó a este colectivo, mientras que una enfermera señalada exigió una rectificación. “Ni yo fui a la comida ni mi familia ha estado en Italia”, aseguró en una contundente carta enviada a los medios en la que acusaba al Govern de mentir. Los que si estuvieron en Milán días antes del inicio del brote fueron un grupo de empresarios de Igualada, un dato que Castells siempre se resistió a divulgar.
Con datos cerrados el 23 de marzo, se han detectado en esta zona 206 positivos y 36 fallecidos por coronavirus, cifras que podrían ser mucho mayores ante la sospecha de que los 25 muertos en las residencias geriátricas de Capellades --donde se han contabilizado hasta el momento 13 fallecidos-- y de Olesa de Montserrat --12--, podrían estar relacionados con el foco de Igualada.