La justicia investiga a cargos de CDC por un supuesto desvío de fondos en la Diputación de Barcelona

El entorno de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), salpicado de nuevo por un caso de desvío de fondos, esta vez en la Diputación de Barcelona. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, investiga a 49 personas por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones del ente supramunicipal, y tiene previsto citarles a declarar en calidad de investigados, muchos de ellos procedentes de la citada formación.

Se investiga un presunto desvío de fondos de la Diputación a diversas organizaciones, algunas de la órbita soberanista y de CDC, aunque todavía no se ha fijado la fecha de las declaraciones.

'Procés'

La causa está dividida en ocho piezas separadas, una por cada persona física o jurídica que supuestamente se benefició de subvenciones irregulares para "simplificar y activar el procedimiento". El juez adopta esta decisión tras recibir un extenso informe de la Guardia Civil en el que aparecían citadas 48 personas, entre ellas excargos de la Diputación, supuestamente responsables del desvío de fondos hacia entidades relacionadas con el mundo independentista.

El instituto armado considera que parte de estas partidas presuntamente pudieron usarse para financiar el proceso independentista "a través de subvenciones públicas a entidades directamente vinculadas con el procés", como es el caso de Catmón e Igman.

Trama

En el informe en el que se basa el juez, la Guardia Civil tiene claro que hubo "una trama organizativa dirigida desde las instituciones públicas controlada por una determinada fuerza política en su propio beneficio". Asegura que todas las instituciones que concedieron subvenciones estaban bajo la órbita de la antigua CDC .

Los agentes han detectado supuestas irregularidades en 26 expedientes de subvención tramitados por la Diputación de Barcelona a 13 entidades como Catmón, Igman y Voltia, con un valor total de un millón de euros en subvenciones. Subraya que en la mayoría de casos, no presentaron la documentación requerida o la aportada para justificar el importe recibido era "escasa", con informes copiados de internet y no se realizaban las actividades propuestas, entre otras.

Terradellas y Dalmases

Ante este informe el juez ha emprendido la investigación contra 49 personas supuestamente implicadas en el caso. Uno de los investigados es el exresponsable de relaciones internacionales de CDC, fundador de la fundación Igman y presidente de la fundación Catmon, Víctor Terradellas, quien presuntamente recibió subvenciones de forma irregular.

El diputado de JxCat en el Parlament Francesc de Dalmases también aparece citado por su paso por las fundaciones Catmón e Igman. Aun así, el juez puntualiza que no procede citarle como investigado ya que está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El juez considera que procede emitir a dicho tribunal exposición razonada para investigarle, una vez finalice el estudio de la prueba documental y declaren los investigados.

Esteve

Otros de los investigados son el expresidente del organismo supramunicipal Salvador Esteve; el diputado adjunto a la Presidencia y director de Relaciones Internacionales de la Diputación entre 2011 y 2015 y exalcalde de Tordera (Barcelona), Joan Carles Garcia; el exjefe de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Diputación Jonatan Jorba; y el exdirector de Relaciones Internacionales Jordi Castells, que ya dimitieron en su día.

El informe de la Guardia Civil revela que Joan Carles Garcia supuestamente colocó a Castells y Jorba –ambos relacionados a CDC-- en la Diputación para que desde sus cargos autorizasen “subvenciones cargadas de irregularidades que revertieron en formaciones y fundaciones próximas a la antigua CiU y PDeCAT".

Causa

La investigación constata que tanto las fundaciones Igman y Catmon de Víctor Terradellas como algunos departamentos de la Generalitat recibieron subvenciones del organismo.

La causa arrancó tras las denuncias que técnicos de la Diputación presentaron en un informe de riesgos laborales que primero fue enviado de forma anónima al Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) que investigaba el 3% y posteriormente pasó al juez de Barcelona.