La Generalitat de Cataluña cederá al Ayuntamiento de Barcelona las competencias para regular el alquiler de habitaciones de uso turístico, según consta en el acuerdo de presupuestos catalanes. De hecho, fue una de las condiciones de los comuns para pactar las cuentas autonómicas el noviembre pasado.
Este acuerdo da al consistorio "mucha fuerza para negociar con las plataformas [de alquiler], que son las que anuncian las habitaciones", en palabras de la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, al Ara. La concejal ha anunciado que la normativa municipal será "muy restrictiva" porque con la vivienda no se puede especular.
Desde 2015
La corporación municipal liderada por Ada Colau (BComú) llevaba desde 2015 reclamando a la Generalitat que apruebe el reglamento para regular esta práctica, que hoy por hoy es alegal. Con todo, entre los distintos cambios de gobierno y la aplicación del 155 la medida se ha ido posponiendo hasta ahora.
A pesar de la falta de regulación, el equipo de gobierno de Colau ha multado con hasta 60.000 euros a varios vecinos que compartían sus pisos con turistas, una actividad conocida como homesharing. Hay unos 4.000 vecinos en Barcelona que dejan habitaciones a los visitantes a cambio de un alquiler.