Su mandato caducó hace un año, ha declarado ante la Audiencia Nacional por sus amistades peligrosas con un empresario implicado en el caso 3% --el que le pagó dos viajes para ver al Barça en la Champions-- y ha encendido a la oposición política al asegurar que las listas de espera en la sanidad se deben a los españoles. Pero todo apunta a que hay Síndic de Greuges para rato. O al menos no hay visos de que Rafael Ribó, acorralado por la Justicia, vaya a renunciar. Hasta ahora ha contado con la protección de los grupos independentistas, que han impedido que el Parlament emprenda los trámites para su cese.

Pero es que, además, Ribó se niega a explicar los expedientes que la Sindicatura ha abierto tras las quejas recibidas contra el empresario Jordi Soler. Los hay, pero a pesar de depender orgánicamente de la Cámara catalana, lo que le obliga a someterse al control de la oposición, Ribó los ha tapado.

Petición de amparo de Ciudadanos

Así lo ha denunciado Ciudadanos, que ha exigido ver esos expedientes sin éxito, por lo que ha pedido el amparo a la Mesa del Parlament. Lo hace sin demasiada esperanza en que sus quejas sean atendidas ya que, tal como publicó Crónica Global, el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, ya rechazó una especie de suplicatorio presentado por la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) tras recibir dos denuncias contra el Síndic por aceptar viajes gratis de un empresario del 3%. Era la primera vez que una institución dependiente del Parlament y regulada por el Estatut era objeto de esta petición de investigación por parte de la OAC, que no prosperó.

El pasado martes, el Síndic declaró voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la presunta financiación ilegal de CDC mediante el cobro de comisiones por adjudicación de obra pública. Entre las preguntas formuladas figuraba la adjudicación de contratos, pues el magistrado quería indagar si el viaje a Berlín pagado por Jordi Soler fue una contraprestación.

Ribó lo negó pues, según dijo, la institución del Síndic de Greuges no es la que hace las adjudicaciones públicas, sino que de eso se encarga la Generalitat.

Tramitación de reclamaciones

No obstante, el Defensor del Pueblo catalán sí tramita las reclamaciones que se puedan presentar contra empresas privadas que prestan servicios públicos en Cataluña. Desde 2006, según el Estatut, el Síndic tiene esa potestad. Y, efectivamente, Ribó confesó haber recibido una reclamación contra la empresa de Soler, aunque precisó que él no participó en la tramitación de ese expediente.

Se da la circunstancia de que Ciudadanos lleva desde septiembre del año pasado pidiendo la lista de empresas que hayan sido expedientadas por supuesta mala gestión en su prestación de servicios públicos. Pero el Síndic siempre se ha negado a dar esa información. Sí informa en qué consiste la queja, pero no desvela la empresa responsable.

Por ello, el diputado de Cs, Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, ha instado a la Mesa del Parlament a instar al Síndic a facilitar la lista detallada de las empresas adjudicatarias de la Generalitat o de otras entidades públicas que han sido objeto de quejas.