Meritxell Budó ha dejado en el aire la fecha en que se reunirá por primera vez la mesa de negociación entre el Gobierno y los partidos independentistas. La portavoz del Govern no descarta que sea más allá de febrero, mes que Pedro Sánchez anunció como límite temporal pero con la que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "nunca se comprometió", según las palabras de Budó.
"El calendario no es la prioridad", ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu del Govern, aunque ha matizado que ello no quiere decir que "no haya prisa" para llevarla a cabo. "Queremos que las cosas salgan bien", "que la mesa tenga éxito" y que se realice con todas las garantías", ha apuntado.
Garantías y consenso
Budó ha explicado que quieren llegar a la mesa de negociación con "el máximo consenso posible" entre los partidos independentistas y que esta cuestión y las "garantías" del diálogo son las prioridades del Govern, y no la fecha en la que se reuna. "La voluntad es que se celebre lo antes posible, pero eso no quiere decir que sea la semana que viene u otra", ha recalcado en varias ocasiones.
La figura del mediador ha acaparado buena parte de las preguntas dirigidas a la también consejera de Presidencia, aunque ella se ha limitado a repetir que este sería uno de los puntos que asegurarían "el éxito de las conversaciones" y que el Parlament de Cataluña aprobó su presencia en la mesa de negociación como condición para el encuentro.
Fuera del foco mediático
Poco ha revelado Budó sobre los pormenores que prepara el Govern para esta reunión, ya que ha comunicado la decisión de mantener los pasos previos "fuera del foco mediático". Tampoco ha dado detalles de lo debatido en la denominada mesa de partidos independentistas, que fue convocada por segunda vez el lunes 17 de febrero para acordar "los siguientes pasos" que se deben seguir en la negociación con el Gobierno.
Ha declarado que el president "está trabajando" en la designación del equipo técnico para preparar la primera reunión del encuentro y que la propuesta catalana tiene como objetivo ejercer el derecho de autodeterminación "con un referéndum" y el "fin de la represión" a través de una ley de amnistía que aplique tanto a los condenados por el Tribunal Supremo como a los políticos fugados.