El Tribunal Supremo (TS) ha puesto a disposición del Tribunal de Cuentas (TC) los más de 2,1 millones de euros en fianzas consignados por los investigados por el procés independentista catalán para cubrir la responsabilidad contable, según ha informado este lunes el órgano fiscalizador, que ha solicitado igualmente la cantidad que se ha aportado en el Juzgado de Instrucción número 13 --que rondaría los cinco millones de euros--, el cual también tiene abierto un procedimiento penal en este sentido.
La delegada instructora del Tribunal de Cuentas calcula que la cantidad que presuntamente fue desviada para organizar el referéndum independentista ilegal del 1 de octubre de 2017 es de 4.146.000 euros. Y ahora se reclama que devuelvan esa cantidad a la treintena de cargos y exaltos cargos del Gobierno de la Generalitat presidido por Carles Puigdemont por desviación de dinero público.
El objetivo de hacer esta reclamación ahora es evitar duplicidades, motivo por el cual ofició tanto al Supremo como al juzgado de Barcelona un requerimiento para que remitieran testimonio de las piezas de responsabilidad civil subsidiaria tramitadas en el ámbito penal.
De momento, la Sala de lo Penal del Supremo ha enviado el suyo y la delegada instructora del Tribunal de Cuentas ha ordenado que la cantidad de 2.135.948,60 euros quede a disposición del órgano fiscalizador o bien sea transferida a la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, que es el órgano jurisdiccional contable al que le corresponde el conocimiento y resolución del procedimiento contable que en su día se incoe.