Las defensas de los investigados por el Tribunal de Cuentas por el presunto desvío de fondos para la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, han pedido por escrito utilizar las fianzas ya depositadas en el Tribunal Supremo y en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la jornada de votación, para cubrir los 4,1 millones de euros que reclama el órgano fiscalizador por estos hechos.

Los abogados de los acusados han remitido los escritos ante el Tribunal Supremo y el juzgado de Barcelona con el objetivo de que les permita emplear las cantidades ya abonadas para poder hacer frente a la fianza total de 4.146.274,97 euros que fijó el Tribunal de Cuentas y para la que dio 15 días de plazo, que concluye la semana que viene siempre y cuando no se pida, y se admita, una prórroga.

Reintegro del gasto al erario público

Las fianzas solidarias se han impuesto a 28 investigados, entre los que se encuentran todos los que fueran consejeros del Govern y altos cargos de la Generalitat, para asegurar el reintegro de los cuatro millones de euros al erario público en caso de que sean condenados. El juez del Supremo que instruyó el procés, Pablo Llarena, ordenó el pago conjunto de 2,1 millones de euros a los nueve consellers de Puigdemont procesados por malversación como responsabilidad civil. Así, aunque la Sala juzgó por este delito a Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, finalmente solo condenó por ello a los cuatro primeros.

Aunque el dinero aportado en el Tribunal Supremo y en el juzgado de instrucción catalán corresponda a los bienes de 14 de los 28 investigados por el Tribunal de Cuentas, las defensas pretenden que con ellas se pueda sufragar los más de cuatro millones de euros, ya que se trata de fianzas solidarias y referidos a los mismos hechos, indican las fuentes consultadas.

Gastos para el referéndum ilegal

El Tribunal de Cuentas concretó que los 4,1 millones de euros se invirtieron en un total de 13 partidas: en gastos del aplicativo 'referendum.cat' y 'crida extra' (171.357,59 euros); gastos de rehabilitación de la nave anexa al CTTI Call Center (1.454.039,94); creación y diseño del registro de residentes en el exterior (11.503,64); difusión en prensa escrita del registro de residentes en el exterior (168.201,35); diseño y activación del registro de residentes en el exterior (2.868,08); campaña Civisme (357.068,26); gastos relativos a Unipost (1.259.882,07); cartelería del referéndum (65.730,97); campaña internacional de imagen de la Generalitat (63.735); invitación a grupos de parlamentarios europeos (88.643,56); equipo de expertos IEERT.Helena Catt (189.200,34); observadores internacionales Paul Sinning (177.464,80); y la web 'cataloniavotes.eu' (136.579,37).

Asimismo, identificó la responsabilidad de cada uno de ellos a los que se les imputa una responsabilidad directa y solidaria en función de cada hecho irregular en el que hubiera participado. Cree que Junqueras tiene responsabilidad en partidas que suman 3,6 millones de euros, cantidad que tendrá que depositar de forma solidaria junto con otros miembros del Govern; mientras que considera que Puigdemont participó en gastos que suman 2,1 millones, algunas de ellas coincidentes con las del que fuera su 'número dos' en el Govern, por lo que no se puede realizar una suma de ambas.

Hay otros investigados a los que se les atribuye más partidas que al expresidente de la Generalitat como a los exconsellers Raül Romeva y Jordi Turull, que se les considera responsables, junto a otras personas, de ocho apartados que suman 2,3 millones de euros o la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, a quien se atribuye 3,7 millones de euros.