La Generalitat reconoce que el PSC es el partido que recibe más ataques en Cataluña

Desde 2017, las sedes de los socialistas en Cataluña han sido víctimas de 125 ataques. La Oficina de Derechos Civiles y Políticos (ODCiP) ha registrado 212 incidentes contra sedes de partidos políticos, así como 286 actos vandálicos contra entidades y ayuntamientos.

Según el informe anual de la entidad, que depende de vicepresidencia de la Generalitat, el PSC es el partido que ha recibido más ataques (125), seguido de ERC (47); Cs (11); la CUP (10); Podem (7); el PDeCAT y el PP catalán (4 cada uno) y JxCat (3).

Menos ataques contra personas

El director del ODCiP, Adam Majó, ha asegurado que, aunque la efervescencia política ha conllevado un elevado número de incidentes, "los ataques contra personas, domicilios, sedes de entidades e instituciones ha disminuido a finales de año".

La oficina también gestionó 283 comunicaciones por vulneraciones de derechos entre actuaciones de oficio, quejas y demandas recibidas durante 2019, un año que consideran "excepcional" al haberse convocado hasta cuatro elecciones entre abril y octubre.

Voto exterior

La vulneración del derecho de participación política ha representado el 67% de los casos gestionados, con un total de 190 actuaciones, sobre todo por las dificultades o la imposibilidad de poder votar por parte de residentes en el exterior, y por las quejas derivadas "de ciudadanos de Cataluña con nacionalidad administrativa diferente a la española".

Otro tipo de vulneraciones que han registrado están vinculadas con el derecho a la libertad de expresión (11%); a la libre circulación (6%); al derecho de reunión y manifestación (5%); al derecho al honor, a la libertad religiosa y afectación a la tutela judicial efectiva (un 1% cada una), y a otras sin concretar (8%).

"Exiliados"

Según este organismo, el referéndum ilegal del 1-O se saldó con 1.491 herudos, 871 investigados,: 308 detenidos, así como 144 webs cerradas, y recoge que hay 12 condenados --en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo-- así como nueve "exiliados", ente ellos, el expresidente fugado Carles Puigdemont. 

Desde las concentraciones del 20 de septiembre de 2017, pasando por la votación ilegal y las posteriores manifestaciones, la oficina que dirige Majó avisa de que se han "violado a gran escala diversos derechos fundamentales, como el de participación política, el de la libertad de expresión y el de reunión pacífica".