Los CDR juzgados este miércoles por una acción de protesta del 23 de febrero de 2018, en la que se encadenaron a las puertas de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), han alegado en su juicio por presuntos desórdenes que actuaron en ejercicio de su derecho a manifestación. El fiscal pide entre un año y dos años y medio de prisión para los 13 independentistas, acusados de los delitos de desórdenes públicos, desobediencia y resistencia grave a agentes de la autoridad
A la primera sesión de este miércoles --el jueves está prevista una segunda vista con declaraciones de testigos-- han comparecido y declarado 12 de los 13 acusados, ya que uno no se ha presentado ante el tribunal de la Sección 10 de la Audiencia de Barcelona.
La Fiscalía pide dos años y medio de prisión para 11 de los acusados, y un año para otros dos procesados, mientras que la defensa reclama su absolución.
"Acción simbólica no violenta"
Los 12 acusados que han asistido este miércoles solo han declarado a preguntas de sus abogados, los letrados de Alerta Solidària Eduardo Càliz y Xavier Monge, y la mayoría de ellos ha reconocido que estuvo en las escaleras de entrada al Palacio de Justicia de Barcelona --sede del TSJC y la Audiencia-- pero han puntualizado que ejercieron su derecho a manifestación "no violenta".
Uno de los acusados también ha negado que el objetivo de la protesta fuera bloquear la actividad en el TSJC, explicando que fue una "acción simbólica no violenta" y que dejaron libres otras puertas de acceso al edificio.
Otro ha reconocido que los manifestantes llevaron una cadena a las escaleras, pero ha puntualizado que no la tenían "fijada" al cuerpo y que no fue necesario cortarla para que los Mossos d'Esquadra les sacaran de allí.
Protesta por el 155
Los acusados también han explicado que la protesta fue contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y "resoluciones judiciales con las que gran parte de la población no estaba de acuerdo", según ha dicho uno de ellos.
Dos acusados más han negado haber agredido a agentes de Mossos que retiraron a personas de las escaleras y de la calzada de la avenida Lluís Companys: "No di ninguna patada, me sacaron de la calle, me hicieron daño y me moví", ha alegado una acusada.
Escrito de la acusación de Fiscalía
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, unos 200 manifestantes realizaron la protesta ante el TSJC sobre las 7.45 horas del 23 de febrero de 2018 para "impedir el normal funcionamiento del tribunal", y no se pudo restablecer la entrada hasta las 9.05 aproximadamente, ya que los Mossos les tuvieron que retirar uno a uno y los activistas también usaron cadenas para cerrar la puerta principal.
Entre los convocantes hubo los colectivos Despertem la República, los CDR, Arran, Alerta Solidària, la CUP y el SEPC, y los manifestantes desplegaron pancartas y repartieron un manifiesto titulado 23 F, paremos el golpe de Estado, basta de represión, relata el Ministerio Público.
Antes del inicio del juicio este miércoles, unas 50 personas se han concentrado en el exterior del Palacio de Justicia de Barcelona en señal de apoyo a los acusados y con una pancarta con el lema "Absolución encausadas".