El Gobierno, los sindicatos y la patronal han acordado una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2020 en España del 5,5 %, hasta 950 euros brutos mensuales, según ha anunciado este miércoles la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Este incremento supone 50 euros más respecto a los 900 euros fijados para 2019, después de un alza histórica del 22,3% en ese momento.
El acuerdo se ha cerrado en la reunión que esta tarde han mantenido la ministra, los secretarios generales de los sindicatos CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva.
Objetivo: 1.200 euros
El nuevo Ejecutivo de coalición se ha marcado como objetivo, tal y como se recoge en el acuerdo programático suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos, situar el salario mínimo en el 60% del salario medio a final de legislatura, lo que equivaldría a unos 1.200 euros, como recomienda la Carta Social Europea.
La subida del salario mínimo a 950 euros se hará con carácter retroactivo a 1 de enero de este año, aunque todavía se desconoce si se aprobará en el próximo Consejo de Ministros que se celebrará el martes ya que, según ha afirmado la ministra, este jueves se redacta el texto del Real Decreto y se quiere cumplir con la legalidad, por la que existen 7 días de audiencia.
Derogación del despido por absentismo
El Gobierno, por otra parte, aprobará "en breve" un decreto ley para derogar el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido por absentismo laboral intermitente en un determinado periodo de tiempo, aunque esté justificado.
La medida ha sido comunicada por Díaz a los agentes sociales durante la reunión en la que se ha fijado la subida del salario mínimo, y se enmarca en el compromiso del Gobierno de coalición de abordar con carácter urgente la derogación de algunos aspectos de la reforma laboral del PP de 2012.
En rueda de prensa, la ministra ha explicado que el decreto ley está "redactado y listo", pero que aún queda por recabar la opinión de los propios agentes sociales y de todos los partidos políticos, dado que se trata de una figura legislativa que requiere de la convalidación parlamentaria.