Desde que los presos independentistas fueron trasladados a las cárceles catalanas, la Consejería de Justicia ha estado en el punto de mira. Y no solo por las sospechas de un supuesto trato de favor a los reclusos condenados por el referéndum del 1-O. Las críticas vienen “desde dentro”, es decir, de Junts per Catalunya, socios de ERC en el Govern, donde la republicana Ester Capella dirige el departamento.

Sin embargo, desde esas filas llegan mensajes contradictorios. El abogado de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, Jordi Pina, afirma ahora que sus clientes no pedirán el tercer grado penitenciario, después de los reproches lanzados por los neoconvergentes contra ERC por no conceder el régimen abierto.

El abogado Jordi Pina / EFE

El letrado ha explicado que sus clientes no presentarán recurso contra la decisión de la consejería de mantener a los presos secesionistas en segundo grado en lugar de concederles el tercero, que contempla un régimen semiabierto. Pina afirma que sus representados prefieren obtener permisos de forma progresiva y trabajar en base al artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite la incorporación progresiva al medio abierto de penados clasificados en segundo grado de tratamiento. Es la vía aplicada a Oriol Pujol, exsecretario general de CDC condenado por el caso ITV.

La semana pasada, la secretaría de Medidas Penales de la Generalitat avaló el acuerdo de las juntas de tratamiento de las prisiones. La decisión que se tomó el 11 de diciembre de 2019, sin unanimidad, en que se descartó el régimen de semilibertad o tercer grado a los líderes políticos del procés. El pasado enero, Jordi Turull lanzaba un tuit cargado de reproche. “Me han impuesto el segundo grado. No se puede estar en misa y repicando”, escribió en alusión a ERC.

Los reproches al letrado de Junqueras

La postura de Turull fue secundada por otros dirigentes de JxCAT, que lanzaron reproches contra sus socios en el Gobierno de la Generalitat. Que Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva y Dolors Bassa, diera por seguro que estos internos iban a ser clasificados en segundo grado, como finalmente ha sido, no sentó nada bien a los neoconvergentes. No obstante, el letrado ya advirtió de los riesgos de pedir un tercer grado sin posibilidades, algo que ahora parece secundar Pina. Mientras, a nivel mediático, JxCat expresa su indignación.

Las contradicciones de Cuixart

Tanto Sànchez como Cuixart han accedido ya a su primer permiso de 48 horas. Llevan en la cárcel desde octubre de 2017, por lo que han cumplido ya la cuarta parte de la condena de nueve años impuesta por el Tribunal Supremo. Cumplen con los requisitos legales exigidos para poder salir de prisión, el mismo camino que seguirán el resto de reos independentistas. 

Curiosamente, Cuixart también aseguró en septiembre de 2019, durante una entrevista en El matí de Catalunya Ràdio, que no se acogería a los permisos penitenciarios y que cumpliría la condena íntegra.

Precisamente ayer, la consejera Capella declaró que "no puedo aceptar ningún ataque contra ningún funcionario de nuestros Servicios Penitenciarios", pues recordó son los tribunales son los que imponen las penas y los que tienen la última palabra sobre su ejecución, en referencia a la clasificación de los presos soberanistas.