El síndic de greuges, Rafael Ribó, sube la apuesta independentista: sugiere la amnistía y el indulto para los presos del procés y la reforma de la sedición como "soluciones políticas" para Cataluña. Lo ha dicho tras reunirse este jueves con el presidente del Parlament, Roger Torrent, a quien ha entregado el informe La sentencia 459/2019 del Tribunal Supremo y su repercusión en el ejercicio de los derechos fundamentales.
En el informe analiza la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés y considera que tiene una "amenaza o prevención autoritaria sobre el ejercicio de derechos", al contener una lectura restrictiva de los derechos fundamentales, en palabras de Ribó.
Lenguaje independentista: "Conflicto político"
Para el síndic, y haciendo uso del lenguaje que emplean los partidos independentistas y que ya admite el PSOE, "esto es un conflicto político y, por lo tanto, tiene que estar en manos de los políticos". En este contexto, apunta que los instrumentos que pide están dentro del marco constitucional.
En la misma línea, ha dicho que no se puede permitir que el conflicto "derive al gobierno de los jueces" y ha apostado por un diálogo que sea valiente y constructivo, incluyendo una consulta a la ciudadanía sobre su futuro político, un referéndum.
Ribó: "La acusación de rebelión, desproporcionada"
Ribó ha añadido que "la acusación inicial desproporcionada de rebelión ha viciado toda la causa" y ha señalado errores materiales en la sentencia, como la atribución de competencias de Educación a la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa.
El síndic ha explicado que también ha enviado el informe al Govern, a las Cortes Generales, al Gobierno, a la comisaria europea de Derechos Humanos y a entes internacionales de defensa de los derechos humanos.
Saura: "Movilización no violenta"
Por otra parte, el adjunto general al síndic, Jaume Saura, ha defendido que "la sentencia se fija solo en el delito y no hace la ponderación con los derechos fundamentales", lo que ha considerado que pone en riesgo a todos los ciudadanos: "El riesgo más grave para los derechos fundamentales es el hecho de que una movilización no violenta, el hecho de protestar contra actuaciones judiciales" pueda llegar a ser sedición, ha dicho.
Ha ejemplificado que "una huelga general en la que haya algún elemento violento o descontrolado podría ser, con esta interpretación", un delito de sedición. Y ha expuesto posibles lesiones de derechos fundamentales como que el Supremo no era el juez predeterminado por la ley y que hay una "fragmentación de la causa", con órganos judiciales distintos juzgando unos mismos hechos.