La misma Generalitat que denuncia cíclicamente su asfixia financiera se resiste a dar explicaciones sobre el desvío de 120 millones de euros concedidos por la Unión Europea. Un total de 80 millones iban destinados a políticas de empleo, y otros 42 millones, a combatir el paro juvenil.
Junts per Catalunya y ERC han votado en contra de dar explicar a dónde fueron a parar esos 80 millones de fondos europeos en el período 2012-2015 en la Comisión de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias celebrada en el Parlament, donde la oposición se ha conjurado para exigir al consejero Chakir El-Homrani, que informe al respecto.
Los hechos se remontan a mayo de 2019, cuando Ciudadanos presentó una pregunta dirigida al Govern para indagar sobre la cuantía de los fondos europeos asignados a Cataluña correspondientes a los ejercicios 2012 a 2018 que no fueron utilizados. Cuatro meses después, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès confirmaba, con desglose de cifras, sobre esos fondos que no fueron utilizados. En concreto, la UE concedió al Servicio Público de Ocupación 30,9 millones en 2013, 34,3 millones en 2014 y 15,4 millones en 2015.
Es decir, en plena época de crisis económica y de recortes aplicados por el Gobierno de Artur Mas. Por ello, la diputada de Cs, Noemí de la Calle, solicitó la comparecencia de El-Homrani, pues el SOC depende de su departamento. Hoy, la Cámara catalana ha aceptado que el consejero explique el destino de ese dinero.
Pero es que, además, el Govern no ejecutó otros 42 millones destinados a combatir el paro juvenil, una partida que corresponde al programa de Garantía Juvenil, pero “la mala aplicación por parte del Estado y la ineptitud de la Generalitat en su gestión han provocado un resultado muy diferente del esperado”, denuncia Pol Gibert, diputado de PSC-Units per Avançar, quien también requirió explicaciones al Govern.
Fue la exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa –actualmente cumple condena en prisión por la organización del referéndum del 1-O--, quien respondió al socialista explicando que el programa de Garantía Juvenil se reguló a nivel estatal en julio de 2014 y la comunicación de la asignación en Cataluña se comunicó mediante escrito de la secretaría de Estado a finales de julio de 2014.
El Consejo del SOC aprobó la estrategia de ocupación juvenil el 10 de septiembre del mismo año y el Govern aprobó el programa el 26 de mayo de 2015. “Todo ello comportó que la programación de 2014 se trasladara a 2015. Por tanto, y como consecuencia de estos fechas, la certificación prevista para 2017 será menor y, por tanto, el descompromiso puede oscilar entre 33 y 42 millones”.
Según Bassa “esta situación se da en el ámbito de todas las comunidades autónomas, por lo que Cataluña propuso una reunión de seguimiento de los fondos europeos”.