El 'procés' independentista mantiene bloqueadas 23 instituciones catalanas

Defender las instituciones catalanas es uno de los lemas más utilizados por los partidos independentistas. Sin embargo, el procés y la falta de acuerdo entre los partidos ha provocado que un total de 22 instituciones dependientes del Parlament están bloqueadas debido a la falta de renovación de sus miembros. Así, órganos tan importantes como la Sindicatura de Cuentas, el Consejo de Garantías Estatutarias –una especie de tribunal constitucional a la catalana que vela por el ajuste de las leyes catalanas al Estatut y la Constitución—, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), ente gestor de TV3 y Catalunya Ràdio; ocho universidades públicas o la Junta de Museos de Cataluña –cuya última renovación se llevó a cabo en 2014-- tienen cargos vacantes.

Algunos órganos creados durante el proceso independentista también sufren ese bloqueo, como es el caso del Consejo Fiscal de Cataluña, mientras que otros llamados a avanzar en cuestiones de emergencia, como el Comité de Expertos sobre el Cambio Climático, también están pendientes de incorporar nuevos miembros. No parece que las cosas vayan a cambiar demasiado, dado el clima preelectoral existente en Cataluña.

"Descrédito para el Parlament"

"La polarización política y social de los últimos años ha producido un bloqueo institucional a varios niveles, no sólo una parálisis de la acción del Gobierno de la Generalitat, sino también una dificultad para consensuar los relevos en varios órganos importantes cuya designación depende del Parlament", explica el diputado del PSC, Ferran Pedret, que ha recabado información al respecto.

"En este sentido –añade--, quedan afectados órganos como la Sindicatura de Cuentas, el Consejo de Garantías y la Sindicatura de Greuges, con mandatos caducados y vacantes, como también pasa en el CAC, la CCMA o en órganos universitarios y del ámbito cultural”. Pedret avisa de que “son muchos los ámbitos sociales e institucionales afectados por el bloqueo, lo que repercute en su funcionamiento y supone un descrédito para el Parlament, incapaz en términos generales de renovar tales órganos".

En el Consejo de Garantías Estatutarias, dos de sus miembros, Joan Egea (propuesto por CiU) y Carles Jaume (PP) finalizaron sus mandatos el 23 de noviembre de 2015, mientras que el 30 de diciembre de 2016, Joan Ridao (ERC) renunció al cargo –actualmente es el letrado mayor del Parlament--. Más recientemente, el 23 de noviembre de 2018 finalizó el mandato de Pere Jover (PSC) y Jaume Vernet (ERC).

Ribó finalizó su mandato en marzo de 2019

En la Sindicatura de Cuentas, órgano fiscalizador de las administraciones públicas catalanas, finalizó el mandato de Emma Balseiro (PPC), Andreu Morilla (PSC), Joan Puigdollers (CiU) y Maria Àngels Servat (CiU) en marzo de 2017. Morillas renunció en noviembre de ese año y Servat, en julio de 2019. El 3 de septiembre finalizaron los mandatos del sindico mayor, Jaume Amat (CiU) Jordi Pons (ERC) y Miquel Salazar (PSC).

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, finalizó su mandato el pasado 1 de marzo de 2019 y sigue en funciones.

Especialmente controvertida en la falta de renovación en el CCMA y el Consejo de lo Audiovisual de Cataluña (CAC). El octubre de 2019, el Parlament dio luz verde a la reforma que permite ampliar las mayorías necesarias para elegir a sus miembros, así como a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio. Se trata de una antigua reivindicación de los trabajadores y de los grupos políticos, pues el objetivo es despolitizar la gestión de los medios catalanes, actualmente en manos de Junts per Catalunya. En junio de 2018, Brauli Duart –actual secretario general de Interior—renunció a la presidencia, que desde entonces asume en funciones Núria Llorach. También abandonó su cargo Josep Vilar (PSC). El mandato de todos los miembros del Consejo Asesor de Contenidos y de Programación de la CCMA acabó el 18 de julio de 2016.

JxCAT y ERC ya habían pactado en privado que los republicanos asumirían el control de la CCMA y de TV3, así como la entrada de Ciudadanos en el gobierno del ente gestor, donde también estará el PSC. Pero la renovación sigue sin acometerse.

Consejo Fiscal, pilar de la hacienda propia

Tampoco en el Consejo Asesor de Protección de Datos de Cataluña, donde tres vocales de PP, CiU y PSC acabaron su mandato el 4 de julio de 2017, ni en la Autoridad Catalana de Protección de Datos, cuya directora, Àngels Barbarà, acabó su mandato el 26 de julio de 2017. Asimismo, el Govern no ha propuesto el candidato a presidir el Consejo Fiscal de Cataluña, creado en agosto de 2017, uno de los pilares de la “hacienda propia catalana”. Tampoco en el caso de la Agencia Catalana de Protección Social, creada en septiembre de 2017.

En la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública hay tres cargos vacantes desde hace dos años, mientras que en la Comisión de Control de las Consultas Populares no Refrendarias tiene pendiente de elegir a un miembro.

Desde 2014 está pendiente el nombramiento de miembros del órgano colegiado de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como el nombramiento del vicepresidente de la Junta de Museos de Cataluña. En este órgano cultural finalizaron su mandato tres vocales que no han sido sustituidos.

Universidades

En el ámbito universitario, se deben renovar los consejos sociales de la Universitat Oberta de Catalunya, la Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, de Girona, Lleida, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra y Rovira i Virgili.

En marzo de 2019 finalizó el mandato de los doce miembros del Consejo Asesor del Síndic de Greuges para la prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Y la elección de cinco miembros del Consejo Superior de Cooperación ni siguiera está regulada.