El PSOE y Unidas Podemos han acordado derogar parte de la reforma laboral del PP y recuperar con ello los "derechos laborales arrebatados" a los trabajadores por ese proyecto de los populares del año 2012. Esta es una de las medidas más destacadas del documento Coalición progresista, Un nuevo acuerdo para España, de medio centenar de páginas, que establece las bases del nuevo Gobierno que han presentado el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

El pacto, que debería marcar las pautas del nuevo Ejecutivo en caso de prosperar la investidura del próximo domingo en el Congreso, va un paso más allá del preacuerdo suscrito entre ambos el pasado 12 de noviembre, e incluye, entre otras, las siguientes medidas: 

Laboral: 

  • Eliminar la posibilidad del despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
  • Derogar las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo hasta la negociación de uno nuevo. Y también la prioridad aplicativa de los de empresa sobre los sectoriales.
  • Modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral con el objetivo de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.
  • Limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.
  • Revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.

Salario mínimo y contratos:

Pensiones:

  • Actualización conforme al IPC real mediante ley de forma permanente.
  • Aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas.
  • Eliminar el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones.

Fiscalidad:

  • “Aumento de la progresividad del sistema fiscal”: el impuesto de sociedades garantizará una “tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones” que subirá al 18% para los bancos y empresas de hidrocarburos, mientras que se rebajará el gravamen de las pymes que facturen menos de un millón de euros del 25% al 23%.
  • El IRPF verá incrementado en dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para las rentas que superen los 130.000 euros anuales, y en cuatro puntos la parte que exceda de 300.000 euros.
  • El tipo estatal sobre las rentas de capital en el IRPF subirá cuatro puntos para las que superen los 140.000 euros.
  • “Se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo”.
  • Nuevo impuesto sobre determinados “servicios digitales”.
  • Nuevo impuesto sobre las “transacciones financieras”, que gravará la compra de acciones españolas por operadores financieros.
  • Apuesta por la “nueva fiscalidad verde” para “desincentivar comportamientos nocivos para el medio ambiente”.
  • Reducir el IVA de los servicios veterinarios y los productos de higiene femenina.
  • Revisión del régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales, así como el de las SOCIMIS.
  • Lucha contra el fraude fiscal: nueva ley, más medios, actualización de la lista de paraísos fiscales, ampliación de la lista de morosos de Hacienda, prohibición de las amnistías fiscales, impulso de la unidad de control de los grandes patrimonios, mejorar el control y la fiscalidad de las SICAV.

Alquileres:

  • Para frenar la subida del alquiler, se “habilita” a las autonomías y a los ayuntamientos a establecer un “índice de precios” a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia. Eso sí, de acuerdo con una “metodología objetiva” que no delimitan y “sujeto a revisión periódica”, con el foco puesto en “evitar posibles efectos de contracción de la oferta”. Se permite a las corporaciones locales declarar “zonas urbanas de mercado tensionado” que deben estar fundamentadas y siempre en un periodo de tiempo determinado.
  • PSOE y Podemos anuncian que impulsarán “reformas normativas” para habilitar que las comunidades de propietarios prohíban los alquileres turísticos o “fijar determinadas condiciones para su ejercicio”.
  • Se comprometen a “incrementar” la “dotación de recursos” para acceder a una vivienda digna. Con todo, no se fija ninguna cifra objetiva. El pacto se limita a señalar que se debe “ampliar de forma progresiva el presupuesto actual”.
  • Nuevo Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas para que los “pequeños propietarios” renueven sus inmuebles y los destinen a un alquiler con “precios asequibles”. Durará cuatro años, aunque tampoco se ha fijado ningún objetivo económico específico.
  • En cuanto a las viviendas vacías, se definirán por ley y se “pondrán a disposición” de las autonomías y los municipios para que valoren qué “herramientas” deben impulsar para ponerlas en el mercado. Las dos formaciones abren la puerta a medidas “fiscales, sancionadoras o de aseguramiento o estímulo” con el mismo fin, tampoco determinadas. Sí que implican a la SAREB como emisor de vivienda social y se define que esta debe ser explotada “únicamente para alquiler de personas vulnerables”. Se prohibirá la venta o explotación a “fondos buitre”.

Educación:

  • Derogación de la llamada Ley Wert, la LOMCE, con el fin de “blindar la educación pública”. El futuro Gobierno quiere negociar una nueva ley que incluya la Formación Profesional y elimine la segregación escolar “por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades especiales o por sexo”.
  • Se “impedirá” que los centros en los que se separa chicos y chicas en las aulas reciban fondos públicos.
  • Religión pasará a ser una asignatura de “carácter voluntario para los estudiantes”. No computará en el expediente académico y tampoco se deberá impulsar una materia alternativa, como ética o valores ciudadanos.
  • PSOE y Podemos abrirán una negociación con las autonomías y la Conferencia Sectorial para “universalizar el acceso” a la Educación Infantil 0-3 años. Es decir, ampliar la red de guarderías públicas.
  • Renovar la política de becas y tasas universitarias, que deben regresar a los “niveles previos a la crisis”, con procesos burocráticos más simples y ágiles. La convocatoria se quiere resolver “antes del comienzo de curso” y adelantar los importes reconocidos.  

Modelo de Estado:

  • Actualizar el Estado autonómico para solucionar sus “notorias disfunciones, desequilibrios y carencias que dificultan la correcta provisión de servicios a la ciudadanía y provocan tensiones entre el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos”.
  • Apuesta por “una España fuerte y cohesionada” que garantice “la unidad y la diversidad”.
  • Multilateralidad y bilateralidad: mejora la “colaboración y coordinación institucional entre la Administración General y las CCAA”, promoviendo la “participación” de estas en los “procesos de toma de decisión estatales” a través de la Conferencia de Presidentes, las conferencias sectoriales y los convenios de colaboración entre CCAA y con el Estado, así como la creación de nuevos mecanismos intergubernamentales.
  • Abordar el “conflicto político catalán” mediante la “vía política”, esto es, a través del “diálogo, la negociación y el acuerdo”.
  • “Mejora y clarificación de la distribución competencial entre el Gobierno central y las CCAA” que establezca “un modelo de reparto más claro y preciso” y “reduzca al máximo las competencias compartidas”, y que haga compatible la “igualdad de todos los españoles” y el “autogobierno” de las CCAA.
  • Traspasar a la Generalitat las “competencias pendientes ya reconocidas en el Estatut de Cataluña”: becas, formación sanitaria especializada, salvamento marítimo y legislación laboral.
  • “Desconcentración institucional del Estado”: traslado total o parcial de sedes de instituciones y organismos.
  • Aprobar un nuevo sistema de financiación autonónomico, para lo que se prevé desarrollar las “reglas y principios que deben regir” dicho modelo y “el procedimiento para establecerlo con participación de los territorios”, con el objetivo de resolver las “carencias, asimetrías y ambigüedades del sistema actual” y que compagine la “lealtad y solidaridad” entre CCAA, la “igualdad de todos los españoles” y asegurar la “justa distribución” de los recursos públicos y la capacidad financiera de las CCAA.
  • Ampliar “competencias y capacidades” de los gobiernos locales, lo que implica la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
  • Fortalecer la participación de las CCAA en las instituciones de la UE.

Nuevos derechos y memoria democrática:

  • Sustituir la Ley mordaza por una nueva Ley de seguridad ciudadana que "priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía" y "regulará, entre otros, el derecho de reunión, la identificación y registro corporal y la identificación de los agentes".
  • Recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros.