Hoy se conocerá la sentencia sobre el caso de Miguel, el mayor proceso por corrupción celebrado nunca en Euskadi, en el que se ha juzgado a los responsables de una presunta red vinculada a excargos del PNV y dedicada al presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos.
Un mecanismo semejante al destapaco en el caso del 3% de CDC, el partido de Jordi Pujol y que ha sido bautizado con el apellido del diputado foral del PNV por Álava Alfredo de Miguel, presunto cabecilla de la organización.
Dos años de juicio
La vista de este martes ha estado precedida por un largo proceso judicial que se extendió a lo largo de casi todo 2018, en el que se juzgó a 26 personas por diversos delitos relacionados con la corrupción, que habrían sido cometidos entre 2005 y 2009.
La fiscalía mantuvo que la presunta red corrupta actuaba como una "mafia", que no dudaba en recurrir a las "coacciones" para obtener comisiones ilegales a cambio de la adjudicación irregular de contratos públicos.
En torno al PNV
La presunta estaba liderada por el exdiputado foral Alfredo de Miguel y otros antiguos cargos del PNV de Álava. El fiscal reclamó una pena de 29 años y nueve meses de cárcel para el antiguo diputado foral de Álava, al que considera cabecilla de la red.
Los abogados de los principales acusados han basado parte de sus defensas en tratar de desacreditar la labor de investigación y recopilación de pruebas efectuada por la Ertzaintza, así como en cuestionar la veracidad de los testimonios y grabaciones efectuados por la empresaria que destapó la supuesta trama, Ainhoa Alberdi.
Una empresaria tira de la manta
La Fiscalía atribuye a De Miguel una veintena de delitos relacionados con las actividades de la presunta red corrupta, que habría operado entre 2005 y 2009, hasta que Alberdi --a la que la red habría extorsionado para abonar una comisión de 100.000 euros por un contrato público-- denunció el entramado ante la Ertzaintza.
El ministerio público responsabiliza al exdiputado foral y antiguo dirigente del PNV de un delito de asociación ilícita en grado de dirigente, por el que solicita tres años de cárcel, así como una multa de 5.400 euros. Además, le atribuye un delito de blanqueo de capitales, por el que pide tres años de prisión y una multa de 346.980 euros.
Casi todos los delitos
Los otros dos principales acusados son los también exdirigentes del PNV Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, para quienes Fiscalía solicita 13 años y siete meses de prisión en cada caso.
En ambos casos les considera responsables de nueve delitos (prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho pasivo y coacciones). El ministerio público les reclama el pago de más de 600.000 euros en cada caso.
El club de las esposas
Ainhoa Bilbao, esposa de Alfredo de Miguel, se enfrentaba a una petición de pena de cinco años de prisión por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Las esposas de Telleria (Araceli Bajo) y Ochandiano (Iratxe Gaztelu) se enfrentan también a una petición de cinco años de cárcel. En el caso de Aintzane de Miguel, hermana del presunto cabecilla de la red, el ministerio público plantea una petición de tres años y seis meses de cárcel por falsedad en documento mercantil.