Guerra entre la Generalitat y los jueces por las autoinculpaciones ‘indepes’

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de Cataluña (TSJC) de limitar los accesos a la Ciutat de la Justicia para garantizar la seguridad durante la campaña de autoinculpaciones independentistas fue calificada por Òmnium Cultural como “el ataque mayor a la democracia desde el franquismo". Ahora, la Generalitat se ha posicionado con esta entidad soberanista y ha encargado a sus servicios jurídicos que impugnen judicialmente aquella medida acordada por el Alto Tribunal.

Recurso contencioso

El pasado día 12, la Consejería de Justicia informaba de la presentación de un recurso ante la Sección Quinta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, contra el acuerdo adoptado por este mismo tribunal para limitar el acceso a las instalaciones del juzgado de guardia en relación a la campaña de “autoinculpación”. Esta iniciativa se enmarcaba en las movilizaciones posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el referéndum del 1-O.

Campaña de autoinculpaciones por el 'procés' en la Ciutat de la Justicia / EFE

Òmnium convocó a través de las redes sociales una concentración en la Ciudad de la Justicia con la finalidad de presentar de forma masiva escritos de autoinculpación a modo de apoyo a los dirigentes independentistas condenados. Ante este anuncio, el TSJC tomó medidas para garantizar la seguridad. De ahí que la impugnación de la Generalitat haya sorprendido en medios judiciales.

Tras recordar que la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a los jueces decanos a velar por la buena prestación del servicio de guardia --y el número de denunciantes podía comprometerlo--, el acuerdo de la sala de gobierno del alto tribunal establecía regular el acceso a las instalaciones del Juzgado de Guardia, de tal manera que solo pueda acceder un denunciante cada vez, con un límite diario de unas 25 personas, en función de los medios que contara cada partido judicial.

Notificación a los Mossos y al personal de seguridad

El TSJC informó de esta resolución a los Mossos d’Esquadra y al personal de seguridad. Asimismo, establecía que las autoinculpaciones debían presentarse por escrito.

El 28 de octubre, el acceso a la Ciutat de la Justicia por la avenida Carrilet permaneció abierta para magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores y periodistas acreditados entre las 7:30 y las 8:45 horas. El resto del día estuvo cerrada.

En la puerta de acceso de la Gran Via, se establecieron dos entradas diferenciadas, una para los autoinculpados --que cursaron su denuncia en una mesa instalada en recepción en la que el personal de juzgado de guardia de incidencias les atendía--, y otra para el resto de ciudadanos. Según los datos facilitados por el TSJC, secundaron esa iniciativa secesionista unas 188 personas.

La rabia de Òmnium

El objetivo de Òmnium era colapsar los juzgados --más de 10.000 personas se descargaron un formulario para autoinculparse facilitado por esta entidad independentista-- mediante un acto simbólico, sin recorrido jurídico. Ahora, la Generalitat se enzarza en una pugna judicial con el TSJC, a cuenta de esa orden que intentaba garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de los juzgados, y que Òmnium calificó como "censura" y “el ataque mayor a la democracia desde el franquismo".