Ciudadanos ha pedido la comparecencia de la consejera de Empresa, Maria Àngels Chacón, para que informar en el Parlament sobre los actos violentos ocurridos ayer en la plaza Cívica de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), donde independentistas radicales agredieron a estudiantes constitucionalistas. La formación naranja ha presentado, además, una moción transaccionada con el PP para instar a la Cámara catalana a condenar esos incidentes violentos.
Los violentos atacaron este miércoles a un grupo de jóvenes que pretendía montar un stand informativo de la organización S'ha Acabat! en la UAB. Alrededor de una veintena de encapuchados se presentó en el lugar y les lanzarron objetos e incluso tiraron al suelo a varios agentes de seguridad que pretendían evitar el ataque.
Por ello, el diputado de Cs, Jorge Soler, ha pedido que Chacón -máxima responsable de universidades de la Generalitat-- comparezca en la Comisión de Empresa y Conocimiento para debatir esos ataques que, según este grupo parlamentario, "han impedido, una vez más, el libre e imperturbado ejercicio de los derechos fundamentales de los estudiantes". Soler hace extensiva esa comparecencia al consejero de Interior, Miquel Buch, y a la rectora de la UAB, Margarita Arboix.
El diputado de Ciudadanos en el Parlament, Jorge Soler / CG
En paralelo, Cs ha transaccionado con el PP una moción en la que se insta al Parlament a condenar "los actos violentos acaecidos el 11 de diciembre en la plaza Cívica de la UAB en donde han sido agredidos brutalmente los vigilantes de la propia universidad al intentar defender a los miembros de la asociación S'ha Acabat que también han sido agredidos mientras atendían a otros estudiantes en una carpa informativa allí instalada. Estas agresiones, que se han reiterado en el tiempo, suponen un intento por parte de los radicales violentos separatistas de impedir el libre e imperturbado ejercicio de los derechos fundamentales de estos estudiantes".
Recuerdan que el derecho de reunión y de manifiestaciin no es "absoluto e ilimitado" pues debe someterse a lo regulado en la ley que lo regula, así como a la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Su incumplimiento, afirman, "exige la correspondiente actuación de la autoridad gubernativa que, en los casos en que se produzca cualquier vulneración de los derechos fundamentales de otros ciudadanos, deberá actuar contra los organizadores y los participantes".