El Govern se va a la Cumbre del Clima sin hacer los deberes

El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, asistirá a la Cumbre del Clima que arrancó ayer en Madrid. Lo hará en calidad de máximo responsable de políticas medioambientales y acompañado de una nutrida delegación, con la finalidad de sacar pecho de la pionera ley catalana del cambio climático aprobada en 2017 y de la primera Cumbre catalana sobre emergencia climática que se celebrará el 17 de enero de 2020. Sin embargo, ni esa ley se ha desarrollado todavía ni es cierto que se trate del primer cónclave de esas características que se celebra en Cataluña.

COP25 / CG

Durante el Gobierno de José Montilla tuvo lugar una convención que duró cuatro meses --entre noviembre de 2017 y febrero de 2018--, mientras que la cumbre de Calvet está prevista solo para un día.

Invasión de competencias

Es cierto que la comunidad catalana se avanzó en la aprobación de una ley de cambio climático. Y que el Tribunal Constitucional suspendió varios preceptos por invasión de competencias. Pero esa prohibición se levantó en abril de 2018, excepto en lo que hacía referencia a la concesión de permisos de exploración por fracking.

Central nuclear, ejemplo de emisión de gases contaminantes / PIXABAY

Es decir, que la Generalitat pudo poner en práctica la mayoría de medidas contempladas en esa norma. Por ejemplo, el impuesto sobre las actividades económicas que generan gases con efecto invernadero que contemplaba la ley catalana “nunca fue recurrido por el PP, por lo que han tenido dos años para aprobarlo”, explica el diputado del PSC-Units Jordi Terrades, quien recuperó esa iniciativa el pasado mes de octubre vía moción, que fue aprobada en el Parlament.

Desde 2012, los socialistas vienen reclamando la citada cumbre prevista para el 17 de enero. La Generalitat está manteniendo reuniones sectoriales, pero “existe bastante oscurantismo sobre el contenido de ese encuentro, que suena muy electoralista”, afirma Terrades, en referencia a los rumores de adelanto de los comicios catalanes. Y recuerda que la convención organizada por Montilla “se basaba en un largo proceso participativo”.

Impuestos sobre emisiones de dióxido

El artículo de la ley catalana que sí fue impugnado se refiere al impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica.

El pasado 27 de noviembre, el Parlament dio luz verde a reformar la ley de cambio climático para regular esa tasa que, según Terrades, “en realidad grava por la tenencia del coche, sin tener en cuenta el kilometraje realizado, es decir, el volumen de emisión realizado”.

Jordi Terrades, diputado del PSC en una imagen de archivo en el Parlament / CG

La Generalitat tampoco ha aprobado aún el prometido Pacto Nacional por la Transición Energética, del que solo se conoce una reunión. Tampoco se sabe nada de la nueva ley de residuos, más allá de una memoria de anteproyecto, o de la regulación de la agricultura y ganadería sostenible. Está pendiente también una la ley sobre patrimonio natural y biodiversidad. Respecto a gravamen de las emisiones contaminantes de los barcos, es una iniciativa de la CUP.

Solo un 1% del presupuesto de la Generalitat

La Generalitat solo dedica un 1% de su presupuesto a políticas relacionadas con la adaptación al cambio climático. El 1,6% si se incluyen las medidas aplicadas en el sector del transporte público.

“Hasta que no se aprueben las cuentas de 2020, si es que se aprueban finalmente, no sabemos sí se ampliará esa cifra”, añade Terrades, quien, además, recuerda que la declaración de emergencia climática aprobada el pasado mes de mayo “sonaba muy bien, pero las medidas incluidas no iban acompañadas de partidas presupuestarias”.

El socialista no esconde su sorpresa ante la noticia de que el Govern reducirá las bonificaciones para coches ecológicos en los peajes con la excusa de que se deben actualizar las tarifas.