Los 18 contratos que, presuntamente, fueron concedidos de forma irregular por Laura Borràs cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) ascenderían a una valoración total de 259.863 euros. Este es uno de los detalles que la magistrada Silvia López Mejía, del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, habría trasladado al Tribunal Supremo para que éste la investigue por cuatro delitos de corrupción.

El escrito consta de 62 páginas y detalla algunas de las conversaciones que Isaías Herrero, el informático que habría recibido estos contratos a dedo, mantuvo con un socio sobre los supuestos encargos ficticios por parte de la ILC. En ella hablaba de los "trapis" (sic) que mantenía con la actual portavoz de JxCAT en el Congreso de los Diputados y mostraba sus reservas cuando ésta dejara de liderar la institución lingüística catalana: "Lo jodido es si deja de ser directora". 

Los "trapicheos" con Borràs

La conversación, según publica El Periódico, fue grabada en noviembre de 2017 --poco antes de que Borràs dejara de liderar la ILC, en enero de 2018-- entre Herrero y su socio, Marc Gómez. En ella, el informático aseguraba que tenía contacto directo con la política neoconvergente: "Con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, y facturo unos trapis por allí". Especificaba. además, que ella misma fue la que le explicó, a través de un mail, cómo debía fraccionar los pagos de estos supuestos servicios concedidos de forma fraudulenta y que no llegaron a producirse, según defiende la jueza López Mejía. 

Dichas facturas tenían un importe menor a 18.000 euros. Esta cantidad se considera un importe menor y la Administración no tiene que sacarlo a concurso público. Herrero lo explicaba así: "Yo tengo que hacer un presupuesto bueno y... o sea, tengo que hacer dos presupuestos buenos y cuatro no buenos". 

Miedo a una investigación interna

El programador informático se mostró, en un momento de la conversación, animado con la idea de que Borràs pasara a formar parte del Ejecutivo catalán: "Esta tiene números de ser Gobierno", explicaba, "Imagínatela de ministra de Cultura y a mí dándome trabajo de esto, pues de puta madre". Pero, a la vez, comunicaba su inseguridad de que dejara la dirección de la ILC, organismo dependiente de la Generalitat.

Este miedo estaba relacionado con una posible investigación interna de la institución, en la que podrían descubrirse los presuntos contratos irregulares. "Lo jodido", especifica, es que "comenzaran a salir marrones" si ello llegara a ocurrir.

Cuatro delitos de corrupción

Tanto López Mejía como, previamente, la Fiscalía defienden que hay indicios suficientes para que la exconsejera de Cultura de la Generalitat sea investigada por los delitos de prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad documental. Sin embargo, su condición como aforada bloquea su imputación como investigada, al tener inmunidad parlamentaria. 

El Supremo es el único tribunal judicial que podría activar esta investigación. La instancia ya ha pedido un informe detallado del caso para valorarlo.