Asens gastó 32.000 euros en abogados externos para revistar el ‘caso Puig Antich’

El actual líder de los Comunes en Madrid, Jaume Asens, destinó más de 32.000 euros del erario público de Barcelona en la pasada legislatura para lanzar una querella criminal contra el redactor de la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, el abogado y militar Carlos Rey. La iniciativa se enmarcó en las políticas de memoria histórica que defendió el Gobierno de Ada Colau en la legislatura pasada, aunque hasta la fecha no se conocía que el partido no confió la acción legal a los propios servicios jurídicos municipales a pesar de los anuncios públicos al respecto.

El entonces cuarto teniente de alcalde confió la defensa jurídica del caso al bufete Molins & Parés, tal y como ha avanzado El Mundo. Se basó en acusar de crímenes de lesa humanidad a Rey, pero su evolución judicial no ha sido precisamente como esperaban Asens. La querella ni siquiera ha sido admitida a trámite. El Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona así lo ha notificado, en línea a los argumentos expuestos por la Fiscalía en un escrito del pasado abril.

Inadmisión a trámite

La estrategia jurídica del Ayuntamiento, diseñada por un externo, fue rechazada por el Ministerio Público al recordar que el delito de un crimen por lesa humanidad no se puede aplicar de forma retroactiva. Menos para juzgado unos hechos que tuvieron lugar en marzo de 1974 y tras la aplicación de una Ley de Amnistía Fiscal como la que se aprobó en España en 1977. El tribunal considera que se trata de una causa prescrita.

Es decir, los letrados externos del consistorio barcelonés erraron en los argumentos aportados para reabrir el caso Puig Antich. Con todo, el consistorio no tira la toalla. Ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona que aún no se ha resuelto en el que se incide en ellos. Se desconoce si el nuevo paso jurídico implica un nuevo desembolso de capital público a Molins & Parés para continuar con la colaboración con el Ayuntamiento.

Justificación de Asens

Asens defendió ante los servicios jurídicos municipales en el verano de 2017 que el encargo del “estudio y dirección de la acción penal y todas las acciones relacionadas” al abogado Marc Molins y a su equipo era necesario por su “acreditada profesionalidad y experiencia de estos temas”. Por ello se echó mano de los presupuestos municipales.

La demanda de revisar la condena a muerte de Puig Antich fue el primer caso que el Ayuntamiento de Barcelona llevó ante la justicia para denunciar los crímenes franquistas que tuvieron lugar durante la dictadura. No es el único que ha defendido, pero sí la que ha promovido a título individual. También se ha sumado a la causa que se instruye en Buenos Aires y a la querella contra los bombardeos aéreos que sufrió Barcelona entre 1937 y 1939.