La Guardia Civil sitúa al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en una reunión clave para intentar extender al Ayuntamiento de Girona, cuando era su alcalde, el modelo de la trama del 3% sobre supuestas mordidas a la antigua CDC a cambio de la adjudicación de obra pública.

Así lo apunta la Guardia Civil en un informe, a que ha tenido acceso Efe, remitido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el caso 3 %, en el que ve indicios de que uno de los imputados pudo haber ayudado a "introducir" a la empresa Oproler en el "sistema de contrataciones" del Ayuntamiento de Girona tras mantener distintas reuniones Puigdemont y otras personas, como el ex teniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives.

De hecho, en un auto de mayo del pasado año, el juez ya había situado a Puigdemont en una reunión mantenida en junio de 2013, cuando era alcalde de Girona, con uno de los imputados en el caso, el entonces director general de Barcelona Infraestructuras Municipales SA (BIMSA), Ángel Sánchez.

Reuniones bajo sospecha

La Guardia Civil, en un informe remitido al juez el pasado 7 de noviembre, detalla que existen indicios de que Sánchez "puede haber ayudado" a "introducir" a Oproler en el sistema de contrataciones de Girona, "tras mantener distintas reuniones" con Puigdemont y otras personas, entre ellas Vives.

Según los investigadores, utilizando la relación existente entre Oproler y BIMSA, serían los miembros de la empresa municipal de Barcelona los que facilitarían una "puesta en escena" para que, desde el ayuntamiento dirigido entonces por Puigdemont, les "compren" el modelo de licitaciones que estaban utilizando en el marco de la trama del 3%.



"En teoría --advierte el informe--, los primeros contactos debieron causar una muy buena impresión, ya que se suceden una serie de contactos, entre ellos una comida en el restaurante del Parlament con el director de BIMSA, Ángel Sánchez, y el alcalde de Girona (Puigdemont), a la que también asistiría el tercer teniente de alcalde de Barcelona, Antoni Vives".

Uno de los supuestos intermediadores investigados en la causa anotó en su agenda, en relación con este encuentro: "nuevo pliego y organización de licitaciones", según el informe de la Guardia Civil, que analiza el contenido de las agendas de los imputados.

Comidas y supuestos regalos

"Teniendo en cuenta cómo se hacen las cosas a través de la empresa Oproler con el fin de facilitar la adjudicación de contratos públicos (...) en este caso se muestra cuál es el método utilizado por los mismos para 'convencer' de la utilización de su sistema de licitación que, a priori, se basará en la obtención de algún tipo de privilegio o direccionalidad en la adjudicación final", sostiene el informe.

Detalla en este sentido que Oproler, mediante intermediarios, resaltaba la "conveniencia" de hacer regalos a Ángel Sánchez, a quien invitaron a varias comidas entre tres personas, una de 225 euros y otra por valor de 440 euros.



La Guardia Civil también investiga si le regalaron dos cajas de productos "Mil y una noches inolvidables", a razón de 249 euros por producto, cuyo tique localizaron los investigadores junto a la factura de una de las comidas en las que invitaron al responsable de BIMSA.

"Mediador" con "gran ascendencia"

Para el instituto armado, empresas adjudicatarias como Oproler o la también investigada Rubau Tarrés aportaron supuestamente "agasajos, dádivas o presentes" dirigidos al órgano licitador, como la empresa municipal Infraestructuras de Barcelona.

El juez De la Mata investiga la existencia de una "aparente operativa" de financiación irregular por parte de CDC, consistente, según la Guardia Civil, en la "interposición como 'sociedades pantalla' de sus fundaciones vinculadas, que reciben donaciones de empresas adjudicatarias de contratos públicos en administraciones gobernadas por el partido".

En la trama, según la Guardia Civil, confluyen entes públicos con capacidad de adjudicar obra bajo el mandato de CDC, empresarios dispuestos a efectuar pagos de comisiones, bajo la apariencia de donaciones a fundaciones afines para conseguir adjudicaciones, y un "mediador" con "gran ascendencia" dentro del partido que "apadrine" las gestiones para materializar la "actividad criminal investigada".