La Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra Quim Torra por un delito de desobediencia, y pide un año y ocho meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito legal, autonómico, estatal o europeo, por negarse a retirar símbolos independentistas de los edificios de la Generalitat durante la campaña de las elecciones general del pasado mes de abril. El ministerio público también solicita una multa de 30.000 euros. Vox, que ejerce la acusaicón popular, solicita dos años de inhabilitación y 72.000 euros de multa, mientras que la defensa del presidente catalán pide la absolución.
Torra llega al TSJC / CG
Esta tarde, las partes expondrán sus informes finales, ya que han renunciado a la mayoría de los testigos propuestos.
La declaración del exjefe de los Mossos
Tras la declaración de Torra, quien ha asegurado que su cargo está por encima de los magistrados de la Junta Electoral Central (JEC) que le instaron a retirar esos símbolos, han comparecido los agentes de la Policía Nacional que inspeccionaron las sedes oficiales para levantar acta, así como el exjefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius.
Miquel Esquius, ex comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, como testigo en el juicio contra Torra / 324
El comisario, quien ha sorprendido a la sala asegurando que no conoce personalmente a Quim Torra, fue requerido por la Junta Electoral Central (JEC) para que diera instrucciones a todos los departamentos de la Generalitat sobre la retirada de la simbología. De lo contrario, los Mossos debería proceder a hacerlo.
La Oficina del presidente, ha dicho el testigo, dio orden inmediata para cumplir con la orden de la JEC. Esquius --quien el pasado verano fue sustituido por Eduard Sallent en la jefatura policial-- ha dicho que se efectuaron las acciones pertinentes para combrobar que se hacía efectiva esa orden.
Renuncia a los testigos
Gonzalo Boye, abogado del presidente catalán, ha preguntado sobre la titularidad de los edificios de la Generalitat y sobre quién recibió las órdenes recibidas, en este caso el consejero de Interior, Miquel Buch, quien había sido citado al juicio, pero ha alegado baja médica para no comparecer.
De todas maneras, las partes han renunciado a las testificales previstas para esta tarde, que además de Buch incluía a la delegada del Gobierno en Cataluña, la socialista Teresa Cunillera; el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa –esta formación fue la que presentó la denuncia ante la JEC--, y la que era portavoz del Ejecutivo catalán en marzo de 2019, la actual líder de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi. También debía asistir el Síndic de Greuges, Rafael Ribó.
Fase documental
Por ello, en la fase documental, se ha reproducido una rueda de prensa de Artadi tras la reunión de un Consell Execuitu, en la que se informaba de la decisión de Torra de mantener la pancarta sobre los “presos políticos” en la fachada del Palau de la Generalitat, así como de la libertad que se dio a los funcionarios para actuar con libertad.
Tras la fase documental, la defensa ha impugnado un informe policial sobre esa simbología por incluir actas levantadas en la Consejería de Gobernación que “ya no existe” –pasó a llamarse departamento de Políticas Digitales--, así como los reportajes fotográficos por no constar los originales, lo que hace sospechar al letrado que se pudo violentar la cadena de custodia.