El fiscal Francisco Bañeres ha acusado al presidente catalán, juzgado por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de “venirse arriba y erigirse en paladín de la libertad de expresión” por negarse a retirar símbolos independentistas de los edificios de la Generalitat en período electoral. “Le guste o no, la estelada y el lazo amarillo no representa a todos”, ha dicho el representante del ministerio público durante su informe final en el que ha mantenido su petición de un año y ocho meses de inhabilitación, y multa de 30.000 euros, para Torra.
"Gesto de pura befa"
"En un gesto de pura befa, sustituyó la pancarta con el lazo amarillo con una con lazo blanco. ¿Qué sentido tenía eso?”, se ha preguntado Bañeres, tras defender la competencia de la Junta Electoral Central (JEC), que ha cuestionado el propio acusado –ha dicho que su cargo está por encima de los jueces de esa Junta--, para ordenar la retirada de los símbolos. Y ha recordado que, durante 35 años, Cataluña ha sido incapaz de elaborar una ley electoral propia –el resto de comunidades autónomas sí la tienen--, de ahí que no exista una Junta de ámbito catalán (solo hay juntas provinciales.). Durante el proceso judicial, ha precisado, nadie cuestionó la competencia de la Junta Electoral.
Bañeres ha querido dejar claro que las pancartas fueron retiradas inicialmente pero posteriormente recolocadas durante las elecciones municipales. Los hechos, “notorios” ha dicho el fiscal, han sido reconocidos por el acusado y suponen la vulneración de una doctrina de la JEC, reconocida por el Tribunal Supremo, según la cual las banderas independentistas responden a una opción política, que no representa a todos los ciudadanos, y no responden al deber de neutralidad y equidistancia que tienen las instituciones.
Francisco Bañeres, fiscal superior de Cataluña / CG
La condena de la alcaldesa de Berga en 2018
Esas doctrina fundamentó la condena de la alcaldesa de Berga en junio de 2018. “Por tanto, los hechos juzgados no son novedosos”, ha dicho el fiscal, quien ha explicado que “para que exista desobediencia, debe haber una orden de un organismo competente conforme a las normas legales de procedimiento”.
Quim Torra, ha asegurado, “no ha ocultado su desobediencia y su nula disposición a acatar la orden. Con su conducta, provocaba una falta de consideración hacia la JEC”. Ha acusado al presidente catalán de “erigirse en paladín de la libertad de expresión con todo tipo de aspavientos” y de referirse “a un Estado demofóbico”. Ni los servicios jurídicos de la Generalitat ni el Síndic de Greuges alentaron al president a la desobediencia.
"Una competencia singular y efímera que se debe cumplir"
“Ni siquiera el Síndic podía enmendarle la plana a quien se autoerige en único defensor de la libertad de expresión”, ha añadido Bañeres. Torra “se vino a arriba” entonces y, en un gesto de pura befa, sustituyó la pancarta con el lazo amarillo con una con lazo blanco. ¿Qué sentido tenía eso?”.
Respecto a la autoridad de la JEC, ha explicado que se compone de ocho magistrados que velan por un proceso electoral neutral y sin partidismos. “Es singular, pues se circunscribe a un período electoral, es efímero por tanto. No se puede negar el ámbito competencial de la administración electoral. Nos gustará o no, pero la estelada y el lazo amarillo no es compartido por la mayoría de los catalanes”.
En su breve intervención, el abogado de Vox, que eleva esa solicitud a dos años de inhabilitación y 72.000 euros de multa, ha mantenido la misma argumentación del fiscal.