El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha archivado una querella presentada contra diversos responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por un presunto delito de lesa humanidad el 1-O, afirmadondo que su actuación fue "proporcionada" y "legítima".
El juez, en un auto, subraya que en la querella presentada por varios particulares "no se aportan ni constan mínimamente acreditados datos o elementos objetivos que permitan considerar la concurrencia del delito".
La querella --afirma el juez-- "carece del mínimo rigor" y no hay pruebas que sustenten las afirmaciones que realizaron los querellantes, que plantearon que el 1-O hubo un "ataque indiscriminado" a la población civil planeado por un mando único de la Policía y Guardia Civil.
"Riesgo de altercados graves"
El fiscal se opuso a la querella en un escrito en el que subrayó que en el camino hacia la independencia se actuó "a sabiendas de que con ello se cometía el riesgo de que se producirían altercados graves y alteraciones de orden público" con "granes posibilidades de riesgo e inseguridad para la población".
El juez, en la misma línea, señala que los promotores del 1-O sometieron a los ciudadanos, a los que llamaron a participar a un "escenario indiscutible de riesgo al oponerse a los agentes de Policía que asistirían al desempeño de sus funciones para mantener el orden constitucional".
"Orden constitucional alterado"
"Ante tales acontecimientos, el Estado tenía la obligación de utilizar todos los medios precisos de que disponía para mantener la seguridad pública y restituir el orden constitucional que se había alterado", argumenta el juez Moreno.
El magistrado afirma que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad respondieron a "graves y violentas alteraciones de orden público" y recalca que su actuación fue "legítima" ante el intento de subvertir el orden constitucional y "proporcionada" a la vista "de las cifras de altercados producidos, al número de lesionados y a la entidad de los mismos".