Los usuarios de cigarrillos electrónicos o vapeadores --más de medio millón en toda España-- se han convertido en objeto de deseo para los partidos políticos a pocos días de las elecciones generales del 10N.

La campaña antivapeo del Gobierno abre la puerta a que formaciones como PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox aprovechen la oportunidad para pescar votos en el caladero que suponen los consumidores de este tipo de dispositivos para dejar de fumar.

Movilización en las redes

Miles de usuarios de cigarrillos electrónicos y vapeadores se han movilizado en las últimas semanas en las redes sociales bajo el hashtag #10NYoVapeoYoVoto con el objetivo de instar a los partidos a sensibilizarse con ellos.

Buena parte de esas 600.000 personas podrían decantarse a favor de las formaciones políticas que se posicionen a favor de de eso dispositivos, tras decepcionarse con el Gobierno socialista.

Campaña engañosa

La campaña antivapeo lanzada por el Ministerio de Sanidad fue engañosa, tal y como el propio Ejecutivo reconoció tras la denuncia de MyBlu Spain, una empresa del sector de los cigarrillos electrónicos, ante la Comisión de publicidad y comunicación institucional del propio ministerio. 

En la resolución del caso, el Gobierno admitió que "vapear no es fumar", a pesar de haberlo afirmado en su campaña "el tabaco ata y te mata en todas sus formas", en la que equiparaba el tabaco convencional con los cigarrillos electrónicos, cuando --según han constatado numerosas investigaciones-- no tienen nada que ver, puesto que el primero tiene sustancias cancerígenas y los segundos no.

Choque de intereses

Usarios de cigarrillos electrónicos también se quejan del acuerdo que ha firmado el Gobierno con Pfizer para subvencionar Champix a partir de 2020, un fármaco que ayuda a dejar de fumar, de forma similar a los vapeadores.

Los denunciantes consideran que el Ejecutivo hizo la campaña citada para que los fumadores intenten dejar el hábito con este medicamento y no con los cigarrillos electrónicos --pese a que numerosos países, como el Reino Unido, sí los recomiendan--. Entienden que ha habido un choque de intereses y que se ha jugado con la salud de los ciudadanos. Ahora esperan que los partidos de la oposición les tengan en cuenta.