Fiscalía investiga también por delito de odio a Toni Soler

La Fiscalía de Barcelona investiga también por presunto delito de odio a Toni Soler. El ministerio público ha abierto diligencias de investigación por este tipo penal e injurias contra el bufón del procés en Cataluña después de que en un programa Està Passant de TV3, que produce su productora, Minoria Absoluta, se llamara "perros" a los agentes de policía. Estas pesquisas se suman a las que tratan de dilucidar si esta descalificación fue delito de injurias, un proceso abierto a instancias de una denuncia de la Trisindical de los Mossos d'Esquadra.

Las diligencias incoadas por Fiscalía arrancan a instancias esta vez de CSIF. Este sindicato denunció a Soler, pero también a los humoristas Magí Modgi y Jaïr Domínguez por los comentarios insultantes contra agentes de la autoridad que se vertieron en el espacio televisivo. El escrito atañe también a los componentes del grupo musical Manel, cuya canción Boy Band adaptaron los cómicos como Poli Band para arremeter contra las labores de orden público desempeñadas durante los disturbios ocurridos tras publicarse la sentencia condenatoria del procés en Cataluña. Indicó CSIF que los presentadores insultaron "veladamente" a los cuerpos y fuerzas de seguridad y se mofaron de ellos en el programa emitido en el canal autonómico el 16 de octubre.

CSIF: "No es libertad de expresión"

En el escrito entrado por el sindicato a Fiscalía, y que ha culminado con la apertura de diligencias de investigación, la parte social alega que Soler no frenó sus descalificativos tras el revuelo creado por el polémico programa. Éstos incluyeron expresiones como "agresivos, rabiosos, analfabetos y putos perros de mierda" dirigidas, veladamente, a los agentes de la autoridad. Lo que es más, el 24 de octubre y en Polònia, el programa estrella de humor del dial autonómico quer también produce y factura Toni Soler, los humoristas volvieron a embestir contra la policía.

"Lo acontecido no puede ampararse en los criterios de libertad de expresión, ni en un supuesto animus iocandi, baste observar el lenguaje no verbal de los intervinientes -que en muchas ocasiones proporciona más información que el propio lenguaje expreso-, para identificar el mensaje con un claro animus laedendi a las instituciones policiales y, por ende, al propio estado de Derecho", argumentó CSIF en su denuncia, que el ministerio público ha considerado. "Máxime --continuó el sindicato-- si dicho mensaje se difunde desde una posición de superioridad en el dominio del medio y tiene una capacidad de influencia suficiente, como se ha visto a la postre, con la prosecución de las acciones violentas en contra de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Cataluña”.

Segunda investigación contra Soler

Cualquiera que fueren los argumentos del denunciante, las diligencias que ha generado su escrito se suman a las ya iniciadas a raíz de una querella anterior contra Toni Soler presentada por la llamada Trisindical de los Mossos d'Esquadra, una plataforma de la parte social que forman SPC, SME y CAT-ME. La representación social de la policía autonómica se refirió a los insultos como "putos perros" vertidos durante el espacio, pero también a las imágenes de gorras policiales, un casco o una lanzadera de proyectiles viscoelásticos --foam--. Estos fusiles son "un instrumento de defensa utilizado exclusivamente por agentes de Mossos d’Esquadra de la Brigada Móvil", alertaron los sindicatos. Como ya hiciera CSIF, la Trisindical incluyó en su denuncia el programa Polònia emitido en antena el 24 de octubre.

Los dos procedimientos llegan tras casi una década de reinado de Soler como el rey del humor en TV3. El periodista, humorista y activista independentista ganó 5,75 millones de euros en contratos de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) solo el año pasado. Esta fuente de ingresos constituyó el 85% del giro de su empresa. La misma cifra representó el 90% el año anterior, tal y como avanzó este medio. Globalmente, Minoria Absoluta, la productora de Soler, se ha embolsaod 73 millones de euros de dinero público desde 2010, lo que arroja un promedio anual de 8,1 millones de euros.