El equipo de gobierno de Ada Colau en Barcelona ha terminado denunciado ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) por la contratación de un consultor a 70.000 euros que, según Competencia, genera dudas sobre su imparcialidad. La Autoridad Catalana ha elevado al organismo que preside Miguel Ángel Gimeno una denuncia realizada por directivos del sector ante los indicios de prácticas dudosas para un fichaje cuyas sombras avanzó Crónica Global.

El caso se remonta a enero de 2019. Aquel mes concluyó un concurso público con un presupuesto de 1,6 millones de euros para hallar a una empresa que apoyara a la Dirección de Desarrollo del Instituto Municipal de Informática (IMI) de Barcelona. La contrata a tres años, con número de expediente 18000184, la ganó Arestes Serveis Informàtics. Fuentes del sector denunciaron entonces que las licitantes estuvieron obligados a fichar y presentar Óscar Alonso Núñez, un colaborador del IMI desde hace una década. ¿Cómo? Incorporando una cláusula que especificaba que el ganador debía presentar la figura de un consultor informático que hubiera elaborado 50 contratos de servicios de tecnología de la información (IT) por valor de más de 100.000 euros cada una en los últimos tres años. Solo Alonso, que trabaja para Arestes, cumplía con el requisito, que además era excluyente.

"Obstáculos a la competencia"

La denuncia de los ejecutivos, que el Ayuntamiento de Barcelona nunca ha negado, ni confirmado, ni desmentido --ayer, de nuevo y a petición de este medio, nadie de la oficina de prensa contestó en tiempo y forma a los requerimientos informativos-- la elevaron las mismas personas a la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco). El informe final del fiscalizador del mercado, al que ha accedido Crónica Global, confirma las dudas sobre la contratación de Arestes y Óscar Alonso. "Obstáculos a la competencia", afea el ente público. Precisa la Acco que los pliegos de la licitación "no han sido suficientemente rigurosos con el principio de competencia", ya que "no existe justificación suficiente de aspectos que obviamente no favorecen la concurrencia ni la competencia". Entre estos requisitos está la figura de consultor, la que finalmente ha permitido colocar a Óscar Alonso con un sueldo cercano a los 70.000 euros al año.

Por todo ello, la Acco ha trasladado el expediente a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). ¿Con qué objetivo? "Con el fin de que valore en el marco de sus competencias si las consideraciones formuladas en este escrito pueden ser contrarias a la integridad en la contratación pública", precisa el organismo. También ha remitido sus conclusiones Competencia al Buzón de Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona. A este respecto, los denunciantes han aclarado a este medio que ya denunciaron el caso al Buzón Ético del Ayuntamiento el 14 de octubre de 2018. Transcurrido un año no han recibido respuesta, mientras que la Acco sí ha tomado cartas en el asunto en pocos meses.

Reparto de contratos

La denuncia anónima en la Acco, primero, y de este organismo a Antifraude, después, es solo una de las que formula el sector contra la gestión del equipo de Ada Colau en el IMI. Directivos del sector apuntan a tejemanejes en este ente que se centrarían en la figura de Xavier Roca Vilalta, director de Desarrollo. Concretamente, apuntan a quebrantamientos de la normativa de incompatibilidades al participar Roca Vilalta en la mercantil Open Fleet SL y, a la vez, ocupar un puesto público con nivel profesional equivalente al de gerente y director. Ocurrió, según ellos, entre el 30 de junio de 2017 y noviembre de 2018, el profesional participaba como apoderado en la mercantil y simultaneaba esa posición con la redacción de contratos públicos para empresas privadas. Ello contravino, sostienen, el código de buenas prácticas [ver aquí]. De nuevo, el Ayuntamiento de Barcelona rechazó comentar el caso. Roca Vilalta continúa como director de Desarrollo del IMI. Renunció como apoderado de Open Fleet en noviembre de 2018, siempre según el Registro Mercantil.

El escándalo en el IMI, avalado ahora por un expediente muy crítico de Competencia, asesta la última puñalada a la política de contratación de Barcelona en Comú (BComú). Antes de ello, el Ejecutivo local ya sufrió con la contratación sostenible de la fallida multiconsulta de la pasada legislatura, o con la política de externalización de Cementiris de Barcelona (Cbsa) también el mandato vencido.