El Gobierno de Quim Torra ha dejado de ser un interlocutor válido, incluso para las personas que sufren pobreza severa. Por ello, una cincuentena de entidades sociales se han encomendado a los grupos de la oposición parlamentaria para solucionar la caótica gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), mientras la pobreza se cronifica en Cataluña. Asimismo, los impulsores de esta ayuda organizan sesiones de asesoramiento colectivo debido al periplo administrativo y, en muchos casos, judicial, en el que se ven inmersas esas personas desfavorecidas.
Vídeo promocional de la RGC / gencat.cat
La Consejería de Trebajo asegura haber emprendido una segunda fase en el desarrollo de la RGC en la que se aumentará la prestación, así como el tope mínimo de ingresos, para que la Renta llegue a más gente. Sin embargo, hace meses que los impulsores de una ley, que el Govern presentó como uno de los proyectos estrella de la anterior legislatura, decidieron actuar por su cuenta.
Medio centenar de personas y entidades sociales han dirigido una carta a Ciudadanos, PSC-Units, Catalunya en Comú-Podem y CUP en la que les instan a liderar las mejoras legislativas necesarias para salir del caos en que se ve inmersa la gestión de la RGC.
Según indica la carta, el cumplimiento de la ley de la RGC "es fundamental para que las personas vulnerables vivan con los mínimos de dignidad y avanzar en la cohesión social en Cataluña”. Sin embargo, desde su implementación en septiembre de 2017, la Comisión Promotora, través de sus puntos de asesoramiento, la experiencia municipal --Sabadell, Terrassa...--- y el seguimiento que realizan los Síndics de Greuges de diversas localidades, “han comprobado graves deficiencias, restricciones o incumplimientos en su aplicación”.
Evolución de las solicitudes de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) / CG
Medio millón de catalanes en pobreza severa
Aluden en la carta a los datos del propio Govern. Según Idescat, en 2017, la pobreza severa --personas cuyos ingresos son inferiores a los 350 euros al mes-- afectaba a un 5% de la población, es decir, a 380.000 catalanes. En 2018, ese porcentaje ascendía a un 6,5%, lo que equivale a cerca de 500.000 personas. Estos datos, afirman en la misiva, “son una muestra contundente del incumplimiento de la ley de la RGC”.
Quienes suscriben esta carta aseguran conocer que “nuestra preocupación es ampliamente compartida por la mayoría de los grupos parlamentarios, lo que se ha traducido en diversas propuestas de resolución que obligan al Govern a revisar todas las solicitudes denegadas hasta la fecha de aprobación de estas mociones”.
Sin embargo, ante el “flagrante” incumplimiento de la ley, expresan su apoyo a la enmienda que, el pasado mes de septiembre, registraron los grupos con la finalidad de ampliar el alcance de la RGC. En este sentido, recuerdan que está pendiente de aplicar “aspectos importantes de la ley, como su aplicación generalizada a las personas solicitantes con contratos a tiempo parcial con ingresos inferiores al IRSC (Indicador de renta de suficiencia de Cataluña), así como la actualización de este indicador congelado desde 2010”.
También constatan “el incumplimiento, por parte de la Generalitat, de la aprobación del decreto del reglamento de la ley de la RGC después de más de dos años de su implementación”.
'Riders', pensionistas, 'kellys'...
La carta está firmada por una cincuentena de personas y entidades sociales, entre ellas la propia Comisión Promotora de la RGC, el Sindicat Kellys Catalunya, Marea Blanca, PAH, Aliança contra la Pobresa Energética, Marea Pensionista, FAPAC y Riders x Drets, entre otros.
Concentración ante el Parlament en favor del desarrollo de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía / CG
El caos en la gestión de la Renta ha provocado repetidas solicitudes de información a la Generalitat, dado que los afectados se ven inmersos en un periplo administrativo y, en última instancia, judicial, para el que no están preparados. Por ello, la Comisión promotora ofrece asesoramiento los jueves por la tarde a las personas que se encuentran en situación de pobreza y que tienen derecho a acceder a esa ayuda.
La Generalitat escurre el bulto
La Comisión de Garantía del Derecho a la Información pública (GAIP) de la Generalitat ha dado la razón en varias ocasiones a los afectados, reconociendo su derecho a ser informados. Pero la respuesta de la Consejería de Trabajo es, en ocasiones, incompleta o se limita a derivar el caso a otros departamentos.
Entre esas disfunciones a las que aludían los afectados figura el rechazo de la Generalitat al denegarla a personas que se encuentran viviendo en la calle por la falta de un hogar. El Govern reconoce el error, aunque lo considera una "disfunción". Alega, en su defensa, que las situaciones que pueden vivir miembros de este colectivo escapan del control institucional.
En otra ocasión, tal como publicó este medio, un vecino de Barcelona perdió esta ayuda porque su exmujer le dio 1.000 euros para poder ir de vacaciones con su hija: sus ingresos excedían en 44,20 euros el límite exigido por la Generalitat.
Un reciente estudio de Creu Roja desvela que el 20% de los catalanes que superaron una situación de vulnerabilidad el pasado año volvieron a caer en ella. Asimismo, advierten de que el 81% de las personas que recibe la Renta Garantizada de Ciudadanía en el territorio todavía no pueden cubrir los gastos básicos del hogar.