Una treintena de jóvenes ocuparon el Ayuntamiento de Girona durante varias horas este viernes después de la decisión del consistorio de cancelar los conciertos y estands de las fiestas de la ciudad a causa de los disturbios causados en las protestas independentistas de los últimos días.
Los manifestantes se instalaron a primera hora de la tarde en una de las salas principales del consistorio y, a través de sus redes sociales, reclamaron apoyo y la afluencia de más gente para mantener su acción. Horas después, accedieron a abandonar el edificio.
Los ocupantes acusaban al ayuntamiento, en manos de JxCat, de criminalizar a la ciudadanía con la anulación de parte de las fiestas. Una medida adoptada por la propia alcaldesa, Marta Madrenas, después de que las fuerzas policiales se lo aconsejaran ante el riesgo de no poder contener nuevos disturbios como los de la semana pasada en las protestas contra la sentencia del procés.
Pancarta en un balcón
Los manifestantes que irrumpieron en el consistorio --alentados por los CDR-- colgaron una pancarta en uno de sus balcones en que se leía la frase: "Basta de criminalización a la juventud y a las gerundenses", en catalán.
Desde ese lugar, leyeron un manifiesto y exigieron que "el pueblo manda y el gobierno obedece".
El balcón del ayuntamiento gerundense debía acoger, a las nueve de esta noche, la lectura del pregón.
Críticas de la oposición
El líder de la oposición en el consistorio, el también independentista Lluc Salellas (Guanyem Girona), lamentó a través de sus redes sociales que la decisión de cancelar los estands de la Feria se ha tomado "de espaldas a las entidades, sin argumentos de fondo y ha sido ampliamente rechazada por la sociedad civil, social y política".
Salellas, de la CUP, había anunciado también que los concejales de su formación se ausentarían del balcón de autoridades durante el pregón por todos estos motivos.
Otros partidos, como Ciudadanos, exigieron que se hiciese público el coste de la supresión de los estands o barracas, y también habían expresado su oposición a la decisión del equipo municipal.
El PSC, por su parte, denunció "falta de previsión", aunque considera que, "como mínimo", la seguridad de todo el mundo tenía que garantizarse.