El PSC, Ciudadanos y PP han pedido a la Mesa del Parlament la reconsideración de la tramitación de la propuesta de resolución (PR) de Junts per Catalunya, ERC y CUP en la que se defiende el derecho a debatir la autodeterminación en la Cámara catalana.
En su resolución, los socialistas sostienen que esa iniciativa "es susceptible de producir efectos jurídicos", y recuerdan que el Tribunal Constitucional "ha establecido que la Mesa no puede extralimitarse en su función de calificación y admisión realizando un juicio material, en tanto que órgano de administración y gobierno interior de la Cámara". El PSC considera que la PR pretende que el Parlament se reitere en resoluciones y mociones que han sido declaradas nulas e inconstitucionales por el Tribunal Constitucional".
Cs afirma que las autoridades del Parlament "conocen, estando advertidas algunas de ellas, incluso de la eventual responsabilidad penal, que las iniciativas parlamentarias que tengan por finalidad reiterar o dar continuidad a todas aquellas iniciativas previamente anuladas por el TC por su manifiesta, absoluta y grave inconstitucionalidad suponen una doble vulneración de la Constitución".
Vulneración de las normas constitucionales
Por su parte, el PP avisa de que "reiterar la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político, como pretende la propuesta de resolución admitida a trámite por la Mesa del Parlament, tiene como objetivo y voluntad reiterar, también, un acuerdo adoptado por el Parlament que ha sido declarado nulo y inconstitucional. Que el Parlament vuelva a reiterar la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña vulnera las normas constitucionales que prevén la unidad de la nación española y que es el pueblo español donde reside la soberanía nacional (art.1.2 y 2 CE)".
Por ello, solicitan a la Mesa que reconsidere la admisión a trámite de dos artículos y, en el caso del PSC, que se acuerde la petición de un informe a los servicios jurídicos de la Cámara sobre la adecuación del contenido de la PR al ordenamiento jurídico.