La propuesta de resolución presentada por los partidos independentistas en el Parlament ha generado diferentes lecturas en las instituciones políticas españolas y catalanas. Las declaraciones de Roger Torrent, presidente de la Cámara catalana, y de Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior en funciones, en sus intervenciones en los medios son el claro ejemplo de ello. El primero defiende la libertad de los parlamentarios a debatir aquello que deseen, mientras el segundo alerta que se trata de un "desafío" al Tribunal Constitucional (TC).

La resolución fue pactada el martes 22 de octubre por JxCAT, ERC y la CUP y en ella se nombra el derecho a la autodeterminación, exige la libertad de los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo y la abolición de la monarquía. El Constitucional ya ha advertido sobre las consecuencias penales de algunas de estas consideraciones, por ello el ministro socialista ha recalcado que el Parlament puede incurrir en "desobediencia, como mínimo". Siempre y cuando se aprueben resoluciones que incidan en elementos ya anulados por la corte.

Vuelta a la "sensatez"

Grande-Marlaska ha dado a entender que al Estado no le temblará la mano para aplicar las medidas legales oportunas ante "cualquier incumplimiento" de lo legalmente establecido como tal, aunque ha reclamado a los dirigentes catalanes que "vuelva la sensatez" sobre el asunto. "Saben lo que acontece en un marco de derecho, que no es otra que la aplicación de la ley", ha insistido.

Sin embargo, Torrent ha defendido el debate sobre la autodeterminación de Cataluña en el Parlament. Ha declarado, en una entrevista en la Ser, que "una resolución es un posicionamiento político, no es una ley, no es una iniciativa legislativa, no es una iniciativa parlamentaria que tenga recorrido jurídico, es un posicionamiento político. Por tanto, expresa una opinión, de tres grupos parlamentarios. Esto es libertad de expresión".

Mensaje para Sánchez

El político de ERC ha considerado que limitar lo que se puede hablar en el Parlament constituye un "desafío a la democracia", en referencia a las críticas recibidas por el Gobierno central y avisos de los letrados de la institución que preside. Y además, ha esgrimido que dicha iniciativa contiene un mensaje para Pedro Sánchez: el de sentarse y hablar "sin restricciones" para resolver el "conflicto políticamente".

"Si el presidente Sánchez tiene una propuesta, que la ponga encima de la mesa. Nosotros tenemos la nuestra", ha declarado.