La desunión del independentismo se ha hecho extensiva a la estrategia jurídica de los implicados en el referéndum del 1-O ante las instituciones europeas. Un acto organizado la semana pasada en Bruselas demostró como el revés sufrido por la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell --en prisión preventiva a la espera de sentencia-- ha abierto una vía de agua en la defensa de los procesados. El acto, muy desangelado --apenas 40 asistentes-- fue organizado por la “embajadora” del Govern en la UE, la fugada Meritxell Serret. La ausencia del entorno de Carles Puigdemont y Toni Comín, que abonó la tesis de sus malas relaciones con Serret, fue muy comentada.
Carme Forcadell durante el juicio del 'procés'
El pasado jueves por la tarde, la delegación de la Generalitat en Bruselas acogió un acto para “examinar” --así rezaba convocatoria-- el juicio a los líderes independentistas catalanes y “el conflicto entre Cataluña y el Estado español”. La “embajada” coorganizaba el evento con la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, que tal como publicó este medio, realiza informes sobre agresiones a ciudadanos independentistas, pero esconde los ataques a los constitucionalistas. Al frente de la misma está Adam Majó. Fue uno de los asistentes a la jornada, donde se visualizó el reportaje emitido por TV3 Entre togues. 52 dies al Suprem. Intervinieron el abogado Olivier Peter, que representa a Jordi Cuixart y Anna Gabriel ante los tribunales europeos, quien mantuvo un diálogo con el académico belga Vicent Scheltiens.
El abogado de Jordi Cuixart y Anna Gabriel, Olivier Peter, y el académico belga, Vincent Scheltiens, en el acto organizado por la delegación del Govern ante la UE / GENCAT
“Fue un acto desangelado, con no más de 40 personas, la mayoría catalanes convencidos que trabajan en las instituciones europeas y con muy poca presencia de medios de comunicación y extranjeros. Parece que el tema interesa menos, aunque puede que haya un repunte cuando salga la sentencia del Supremo”, explica uno de los asistentes.
La mayoría de las preguntas procedían de un grupo de españoles que pusó contras las cuerdas a los asistentes. “¿Por qué la Generalitat no condena la violencia de los grupos extremistas?”, preguntó un participante. Otro recordó los tres rechazos de los tribunales de Estrasburgo a los recursos de dirigentes independentistas. Un tercero subrayaba la “calidad democrática de España, avalada por varios rankings internacionales”, cuyo sistema judicial, recordó, permite que los procesos puedan revisarse en otras instancias como Luxemburgo o Estrasburgo.
Meritxell Serret (ERC) exconsejera de Agricultura y actual delegada de la Generalitat en Bruselas / EFE
Pero lo que llamó la atención de esa parte del auditorio fue la ausencia del entorno de Carles Puigdemont y de Toni Comín en el acto. Ambos residen en Bélgica desde que decidieron huir de la Justicia, pero su plante abona la tesis apuntada por fuentes diplomáticas, sobre las malas relaciones de Puigdemont con la exconsejera de ERC, Meritxell Serret, otra de las dirigentes fugadas y nombrada en junio de 2018 delegada del Govern ante la UE.
El papel discreto de Serret
Serret, anfitriona del acto, ha adoptado un papel mucho más discreto que el expresidente de la Generalitat. Una estrategia personal, pero también jurídica, dicen estas fuentes. Y es que el citado acto en la “embajada” catalana también permitió visualizar la existencia de diferentes enfoques jurídicos entre quienes cumplen prisión preventiva u optaron por el “exilio”, tras el referéndum del 1-O.
“Cada abogado --explican juristas que trabajan en Bruselas--, tiene su estrategia y difieren. Y desde luego, a la defensa de Cuixart no le interesa en absoluto contrastar la posición de su cliente con la de Carme Forcadell, que ha perdido el recurso ante el Tribunal de Estrasburgo precisamente sobre la pertinencia de su prisión preventiva”.
Sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo (Francia) / EUROPAPRESS
El abogado de Cuixart se negó a responder a preguntas que atañían a otros procesados. Olivier Peter --abogado suizo con amplia experiencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos-- basa su defensa, o al menos eso es lo que se dedujo de su intervención en el acto, en presentar al presidente de Òmnium como “un mártir” de la represión española. Un discurso claramente de confrontación del que otros acusados se desmarcan.
Argumentó que la organización de los referendos fue despenalizado, por lo que en España estaría teniendo lugar una "violación de derechos fundamentales que afecta a la concepción de los derechos de toda la Unión Europea".
El académico belga aseguró, por su parte, estar sorprendido "por el carácter masivo y el pacifismo" del movimiento independentista. "España tiene el enorme reto de mostrar que es capaz de gestionar la oposición", dijo.