El Gobierno español recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para pedir la nulidad e inmediata suspensión de las resoluciones del Parlamento de Cataluña del pasado 25 de julio, en las que se reafirmaba el derecho a la autodeterminación y se reprobaba al rey Felipe VI.
Así lo ha acordado este viernes el Consejo de Ministros, con la intención de que el Constitucional suspenda dichos acuerdos, los declare nulos y aperciba a los miembros de la Mesa del Parlament y a su presidente, Roger Torrent, sobre las responsabilidades en las que pueden incurrir. El Ejecutivo presentará lo que se denominan incidentes de ejecución de sentencia contra la aprobación de dichas resoluciones.
Isabel Celáa, portavoz del Gobierno en funciones, ha explicado que el Ejecutivo considera que éstas vulneran "directa y frontalmente" varias sentencias del Constitucional.
El Parlament, la amnistía y la Guardia Civil
El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), mientras tanto, ha publicado este mismo viernes las propuestas de resolución aprobadas en el Debate de Política General (DPG) de la semana pasada, que se suman a las que el Gobierno ya ha anunciado que impugnará.
En concreto, se trata de las propuestas que aludían a la petición de amnistía para los políticos presos por el procés independentista y la petición de salida de la Guardia Civil de Cataluña.
La publicación de las resoluciones es un requisito necesario para que el Gobierno pueda presentar recurso ante el Constitucional