Víctimas del 1-O acusan a la cúpula policial de Rajoy de "crimen de lesa humanidad"

Nueve de los heridos en las cargas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil durante el referendum del 1 de octubre del 2017, junto con la Asociación de Afectados del 1-O, la Asociación Abogacía por la Democracia de Lleida y la Asociación Atenas de Juristas por los Derechos Civiles, han presentado en el juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional una querella por un "crimen de lesa humanidad" contra los máximos responsables policiales y ministeriales por el dispositivo que se llevó a cabo en casi un centenar de centros de votación en Cataluña.

Este delito, recogido en el artículo 607 bis del Código Penal, castiga a los responsables de haber "organizado un ataque generalizado o sistemático contra parte de la población civil por motivo de la pertenencia de las víctimas a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos". El objetivo de esta acción judicial es "cumplir con las apelaciones de la ONU y del Consejo de Europa para realizar una investigación global, luchar contra la impunidad de altas autoridades españolas y a la vez descubrir verdades ocultadas y recuperar el tejido social dañado por el ataque a la población civil", explican los representantes de los querellantes en un comunicado.

Los querellados

La querella va dirigida contra el ex-secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto Ballesteros; el coordinador del dispositivo policial del 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos Orihuel; el ex-jefe de zona de la Guardia Civil en Cataluña Ángel Gozalo Martín; el ex-jefe de la Policía Nacional en Cataluña Sebastián Trapote Gutiérrez; el ex-delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo; el ex-subdelegado del Gobierno en Barcelona Emilio Ablanedo; el ex-subdelegado del Gobierno en Tarragona Jordi Sierra Viu; la ex-subdelegada del Gobierno en Lleida Inmaculada Manso Ferrándiz; el ex-subdelegado del Gobierno en Girona Juan Manuel Sánchez-Bustamante y los jefes de sector y jefes de unidad de la Guardia Civil y de la Policía Nacional "en cada uno de los cerca de 100 colegios electorales con cargas policiales contra la población" descritos en la querella.