El Gobierno endurece su discurso ante el aumento de la tensión en Cataluña, derivada de la cercanía del segundo aniversario del 1-O, la próxima sentencia del procés y la detención de siete miembros de los CDR acusados de terrorismo. La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha exigido al presidente catalán, Quim Torra, que condene "cualquier posible o potencial violencia".

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha defendido que "el diálogo es útil en Cataluña", pero ha criticado la actitud de Torra ante la detención de los integrantes de los CDR que, presuntamente, estaban preparando explosivos para utilizar en octubre en la comunidad autónoma. "Solo cabe una cosa: rechazo contundente ante cualquier eventualidad de actos violentos", ha dicho.

Celaá: "No se va contra el independentismo"

"Hay siete ciudadanos detenidos acusados de presuntos delitos de terrorismo muy graves y lo que espera la ciudadanía de un representante del Estado en Cataluña es la condena de cualquier posible o potencial violencia", ha advertido Celaá a Torra. Además, ha recordado al presidente catalán que "no se va contra el independentismo", sino contra quienes "pretenden saltarse las leyes". Por eso le ha pedido "claridad en la condena" de la "potencial violencia".

Así, "el Gobierno rechaza de plano las afirmaciones del presidente catalán, Quim Torra, acusando al Estado de querer criminalizar a los independentistas o a quienes piensan de manera diferente por el mero hecho de serlo", ha sentenciado, aunque no cree que sus palabras sean suficientes para aplicar el 155. Las personas detenidas por su supuesta implicación en hechos delictivos tendrán que responder de sus actos ante la justicia, ha añadido.

"Un ataque a la convivencia entre catalanes"

Antes de estas declaraciones, la representante del Gobierno también ha confirmado que el Ejecutivo ha decidido "impugnar varias resoluciones aprobadas ayer en el Parlament". En concreto, las resoluciones adoptadas con el voto de JxCat, ERC y CUP para "liderar una respuesta institucional a la sentencia del 1-O", para "impulsar un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos con petición de amnistía total", y para "la salida de la Guardia Civil de Cataluña".

"Varias de ellas son una extralimitación y un ataque a la convivencia entre catalanes", ha valorado la ministra, quien ha añadido que no consentirán "ningún ataque al Estatut ni a la Constitución". Para ello, propone "convivencia frente a la crispación, y aplicación de la ley frente a quienes quieran recorrer el camino del desorden o incluso de posible violencia".

Propuesta de diálogo

Finalmente, y tras reiterar que espera que Torra "deje claro su respeto a las leyes de la democracia y a los principios del Estado de derecho", ha mantenido que el Gobierno propone "diálogo para solucionar un problema que nos concierne a todos y que puede tragarse a una generación de españoles y catalanes en ese bucle de constante división".

Ante ello, pide a todas las fuerzas políticas que mantengan una "actitud de Estado" y no hagan "electoralismo".